El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial que preside la jueza Fernanda Ayasta, sentenció a 14 años al expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua y lo inhabilitó por 9 años para ejercer un cargo público, así como al pago de 730 días multa, equivalente a 94,900 soles.

Según la resolución judicial, la pena deberá cumplirla en un establecimiento penitenciario que designe el Inpe y se computará desde la fecha 26 de noviembre del 2025, previo descuento de la carcelería sufrida por prisión preventiva, mientras que la reparación civil fue fijada en 2 millones 336,000 soles, la cual deberá ser abonada en forma solidaria por el acusado Martín Vizcarra Cornejo y los terceros civilmente responsables: Contratistas Generales S. A. y Obras de Ingeniería (Obrainsa).

La jueza magistrada Fernanda Ayasta, presidenta del colegiado, en la lectura de la sentencia señaló que el acusado sí solicitó el pago del 2% del monto de 80 millones 981,137.34 soles por el proyecto Lomas de Ilo a favor del consorcio Obrainsa y en el caso Hospital de Moquegua, el tribunal señaló que se ha probado que Vizcarra condicionó la suscripción del contrato a la entrega de un millón 300,000 soles y cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarle la buena pro a cambio de dinero”, señaló la jueza.

El Ministerio Público había solicitado una pena privativa de 15 años de prisión para el exmandatario, nueve años por el caso del hospital de Moquegua y seis por el de Lomas de Ilo.

El magistrado Andy Rodríguez Domínguez refirió que en el juicio oral por el caso Hospital de Moquegua no se probó la acción de condicionamiento de la función pública por parte de Vizcarra Cornejo, sino que principalmente se centró en las entregas dinerarias recibidas por exgobernador, lo cual sí se ha probado.

Al respecto, consideró que corresponde condenar a Vizcarra Cornejo por otro tipo penal con una pena de 5 años de pena privativa de libertad efectiva, la cual, sumada a la impuesta por el caso Lomas de Ilo, asciende a 11 años de pena privativa de libertad.

El magistrado expresó que tampoco comparte el criterio de que la condena impuesta al exmandatario sea cumplida inmediatamente, sino que considera que debe suspenderse su ejecución provisional hasta que adquiera firmeza.