Con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Permanente de mayoría de la derecha conservadora, aprobó la conclusión del informe final de la Denuncia Constitucional que recomienda inhabilitar por 10 años del ejercicio de la función pública a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela por infringir los artículos 159, 38, 103, 109 y 166 de la Constitución Política del Perú.

Los congresistas denunciantes Fernando Rospigliosi Capurro (bancada FP), José Cueto Aservi (bancada HyD) y Alfredo Azurín Loayza (bancada SP) señalan en la presente denuncia que la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2246-2024-MP contraviene la Ley 32130 aprobada por el Congreso de la República que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.

La resolución antes citada ordena la continuación de la investigación en ámbito fiscal, invadiendo, en este caso, competencias de la Policía Nacional del Perú contemplada en la Ley 32130.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (bancada APP), quien sustentó el informe final, indicó que los argumentos se amparan en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en los expedientes acumulados 0006-2024-PI/TC y 00014-2024-PI/TC que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 32130.

“En dicha sentencia, el TC reafirmó que la Ley 32130 tiene como finalidad maximizar el rol operativo de la PNP en la etapa de la investigación preliminar”, explicó Camones.

De esta manera, el informe final de la Denuncia Constitucional 528, aprobado en un extremo, será sustentado por la subcomisión acusadora integrada por el congresista Jorge Montoya Manrique (bancada HyD) ante el Pleno del Congreso, según acordó posteriormente la Comisión Permanente.

En otro momento, con 15 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Permanente aprobó acusar a Delia Espinoza por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato tipificados en el Código Penal.

La propuesta de sanción por la comisión de los delitos señalados (levantamiento del fuero) contra la fiscal suprema también fue aprobada con 17 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. De esta manera, el fiscal de la nación en función procederá a formular la denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días, conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú.

Así mismo, la Comisión Permanente rechazó las conclusiones del referido informe final que recomendaban acusar constitucionalmente al exfiscal de la nación, Juan Carlos Villena (1 voto a favor, 17 en contra y 5 abstenciones); el fiscal supremo Pablo Sánchez (0 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones) y la fiscal suprema Zoraida Ávalos (0 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones).

A ellos se les acusaba de infringir los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución Política del Estado, y se les proponía la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años.

De la misma forma, fueron rechazadas las acusaciones contra los referidos fiscales supremos por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato.

Juez constitucional dio plazo de 48 horas a la JNJ para que reponga a Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza

El juez del Noveno Juzgado Constitucional, mediante resolución otorgó «por última vez» plazo de 48 horas a la Junta Nacional de Justicia para que resuelva la situación Espinoza Valenzuela, plazo que vence el jueves 27 de noviembre luego de que se le dio una medida cautelar que dejaba paralizados los procesos disciplinarios en su contra.

El juez Juan Torres Tasso advirtió que, si la JNJ no obedece, se les tendrá bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público a fin de que esta institución proceda de acuerdo a sus atribuciones contra todos los que resulten responsables de incumplimiento a los mandatos judiciales referidos.

El juez otorgó el primer plazo otorgado a la JNJ venció el lunes 24 de noviembre a la medianoche; sin embargo, la titular del Ministerio Público no fue repuesta, pese a que el juez le notificó el 18 de este mes a la institución de su decisión. La medida cautelar a favor de Espinoza se le dio el 10 de este mes, pero ocho días después, el juez volvió a notificar a la JNJ ya que se equivocó al enviar su decisión en un primer momento.

Foto Actualidad Penal