En pronunciamiento público del martes 14 de octubre, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República que preside la Dra. Janet Tello, afirmó que el país atraviesa una grave crisis institucional y un serio problema de orden público y seguridad ciudadana y el alarmante índice de homicidios también ha enlutado a nuestra institución ante el asesinato de dos jueces de paz en sus despachos judiciales.

Estas dramáticas circunstancias no pueden ser ajenas al Poder Judicial y al conjunto de los poderes públicos. La potestad jurisdiccional es, en estas condiciones y siempre, pieza clave de un orden constitucional y republicano que expresa los valores superiores de justicia, seguridad jurídica, igualdad y desarrollo social pleno para el conjunto de los ciudadanos. Los jueces debemos tener presente el rol que desempeñamos y asumir, en todo momento, que la independencia que constitucionalmente se nos reconoce sirve para garantizar el respeto a la ley y tutelar los derechos de las personas.

Ante los retos que la situación demanda, el conjunto de la comunidad nacional debe reaccionar desplegando los mejores esfuerzos en pro de la paz, de la libertad y de la justicia social, así como actuar con la mayor ponderación y espíritu de compromiso con los principios, valores y directivas que traza nuestra Constitución.

Sostienen asimismo que está en riesgo la base fundamental de todo Estado constitucional si es que no sabemos o podemos dar los pasos necesarios para superar la crisis que nos lacera y alarma y no se debe renunciar a principios pétreos de una democracia, tales como la separación y colaboración entre los poderes públicos, el respeto de la legalidad y el pluralismo político y social. La tutela de la seguridad ciudadana demanda no solo un fuerte compromiso del Estado con la sociedad y sus actores, sino también, por parte de la autoridad, el respeto a los derechos de los ciudadanos, en especial a la protesta y a las libertades de reunión y de expresión.

Refieren que la protesta, en cuanto derecho fundamental, debe ejercerse dentro del respeto a los otros derechos fundamentales (vida, integridad corporal, dignidad y propiedad pública y privada) y su ejercicio, amén de ser pacífico por parte de quienes la ejercen, debe ser respetado por las autoridades, llamadas a actuar con prudencia y proporcionadamente, evitando en todo momento atentados contra los derechos de los manifestantes pacíficos y conteniendo con eficacia a los que, al margen de este derecho, vulneran las reglas de una protesta sin violencia y respetuosa de los demás.

El pronunciamiento afirma que la vocación de diálogo de nuestras autoridades nunca debe perderse de vista, al igual que una posición alturada y respetuosa, sin mengua de sus planteamientos, por parte de los ciudadanos que protestan y de toda la ciudadanía en general. En democracia siempre es posible lograr consensualmente objetivos de libertad, justicia y desarrollo social, y que no podemos aceptar propuestas o asumir actitudes que nos encaminen al autoritarismo u otros sistemas políticos contrarios a las exigencias del bien común en libertad.