La mafia gubernamental, instalada en el congreso y ejecutivo, viene implementando una agresiva arremetida para controlar o anular a la Fiscalía de la Nación (FN). No toleran la independencia del organismo constitucional encargado de fiscalizar la ley y ser titular de la acción penal. La mafia gubernamental no puede detener las investigaciones y acusaciones fiscales a la presidenta, ministros, congresistas, funcionarios públicos y, líderes políticos de los partidos que dirigen el congreso y gobierno.

El Ministerio Público (MP) o FN, con aciertos y errores, ha venido cumpliendo su labor, es detestado por quienes se saben culpables y descubiertos en sus delitos. El MP independiente es un peligro para el crimen organizado y desorganizado y, sin duda, está a expensas del crimen y de su captura por él.

El MP como organismo constitucional autónomo fue creado hace 46 años por la Constitución de 1979, hasta esa fecha era un órgano del Poder Judicial. La constitución de 1993 ratificó su existencia, excluyendo de su ámbito la defensa del pueblo para asignarla a otro organismo constitucional autónomo: la Defensoría del Pueblo.

El fujimorismo lo intervino entre 1996 y el 2000, mediante una Comisión Ejecutiva que fue disuelta por Ley N° 27367. En el último lustro, la FN padece el asedio permanente del Congreso, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de la Justicia. Ha sido copado por organizaciones criminales como la de los cuellos blancos que operaban en todos los organismos del sistema de justicia. El MP que lucha por su autonomía institucional también debe liberarse del crimen que lo contamina y afecta.

Este agosto, el MP ha sufrido un carga montón y presión política sin igual, a los pedidos de destitución de la fiscal de la nación y amenazas de acusación constitucional a la Junta Nacional de Fiscales Supremos, se suman las “reposiciones” de fiscales supremos destituidos por serias denuncias penales y por integrar organizaciones criminales; los procesos abiertos y persecución a los fiscales encargados del caso lava jato y de liderar las denuncias por corrupción y; el decidido acuerdo entre ejecutivo y congreso de ahogar presupuestalmente a la FN negándole recursos para su funcionamiento operativo.

La mafia gubernamental no ha logrado controlar ni descabezar al MP, entonces, ha decidido ahogarlo económicamente y anular su funcionamiento. El ahogamiento económico de organismos autónomos es una lamentable práctica gubernamental antidemocrática, se masifica y normaliza en dictaduras y gobiernos criminales. El gobierno peruano niega y recorta presupuesto a la FN para funcionar y combatir a las economías criminales y el crimen organizado.

Ha dicho que tiene recursos no utilizados y puede recurrir a ellos. No es ignorancia, es prepotencia, saben que no se puede utilizar recursos asignados a unas funciones para hacer otras porque sería malversación de fondos públicos. Además, el premier, “cuello blanco”, ha señalado que el MP no es eficiente en su ejecución presupuestal, ocultando que está mejor que varios ministerios del Poder Ejecutivo. El gobierno busca desacreditar al MP para disminuir su presupuesto, allana el camino al congreso, para que confirme la disminución presupuestal. Es un claro mensaje de extorsión gubernamental a la FN, te controlo o te anulo.

El MP tiene innumerables procesos contra la presidente, ministros y parlamentarios, desde enero del 2024 existen 88 denuncias de acusación constitucional ante el congreso por delitos de corrupción en sus diferentes modalidades (cohecho, concusión, tráfico de influencias, negociación incompatible, etc.), hasta asesinatos en el caso de la presidenta y sus ministros. De todas ellas, 25 han sido archivadas por la SAC, 26 están en trámite y 37 pendientes de calificación para ser admitidas.

Peor aún, si tomamos en cuenta las denuncias, de oficio y de parte, de los últimos 5 años, en el congreso existe una “criminal mayoría parlamentaria calificada” con denuncias, investigaciones y acusaciones fiscales que con sus votos tienen garantizada la impunidad, persecución a sus adversarios, sanción a quienes se le oponen y hasta la reforma constitucional a su antojo. No hay mayoría calificada para las decisiones en beneficio del Perú, son una mayoría calificada en favor del crimen. El MP debe remar contra la corriente, requiere el apoyo ciudadano. La lucha contra el crimen estructural, callejero y gubernamental, es tarea de todos.

El pasado viernes, la Comisión Permanente del Congreso, en una sola votación, sin discriminar ni distinguir nada, mandó al archivo 23 denuncias fiscales contra dichos funcionarios. Sin duda, la FN, con todos sus problemas, dividida internamente, por obra de la mafia gubernamental, es una piedra en el zapato para los criminales que se han apropiado de las instituciones estatales. El MP fue creado para perseguir el crimen y, cuando lo hace contra el crimen gubernamental, el congreso, ejecutivo y otras instituciones estatales (TC y JNJ) lo desautorizan, persiguen y anulan. Quieren un MP a su medida, sometido y cómplice con el crimen.

Efectivamente, la JNJ, apéndice del congreso para el nombramiento de magistrados judiciales, fiscales y autoridades electorales realiza, hace tiempo, una agresiva arremetida contra la fiscal de la nación y los fiscales que investigan a los funcionarios aforados. Han intentado destituir a la fiscal de la nación y denunciar a los fiscales supremos, peor aún, en alianza con otros poderes del estado, han logrado reponer a “magistrados supremos” con prontuario de delincuentes. Hoy, la JNJ, tiene medio control del MP, pero quiere y va por todo.

Asimismo, otro apéndice del congreso es el TC, su última sentencia, orientada a recortar las funciones de investigación contra la presidenta de la república, es una nefasta intromisión festejada por la mafia gubernamental, acertadamente la fiscal de la nación ha dicho que acatarán la resolución, precisando que seguirán las investigaciones respetando “la dignidad de la figura presidencial” conforme lo recomienda y no ordena el TC.

Tampoco es que el MP sea una institución de excelencia homogénea, el necesario principio de independencia de sus magistrados lo hace muy complicado. Necesita establecer criterios para evitar liberar comprobados y declarados delincuentes por el prurito argumento de falta de pruebas o, cuando las encuentran, de que no son suficientes. Pareciera que optan por reemplazar la presunción de inocencia por favorecimiento al criminal, la protección a la víctima por la inocencia del delincuente. Existe un lugar común, brutal contra la fiscalía, “la policía detiene a los delincuentes y la fiscalía los libera al día siguiente”.

Si el MP no es empático con la sociedad que padece el crimen organizado y desorganizado, no encontrará el respaldo social para defender sus fueros. El MP debe desterrar funcionarios y prácticas nefastas, pro crimen, que existen en su seno. El Perú lo defenderá del crimen gubernamental, si él nos defiende del crimen estatal y callejero.

Rudecindo Vega Carreazo – Abogado – Otra Mirada.

Foto Radio Nacional