El Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado oficial donde expresa sus cuestionamientos y observaciones al proyecto de ley el cual pretende modificarse en el Congreso por parte de la comisión respectiva, advirtiendo que de aprobarse ese texto legal se estaría vulnerando derechos constitucionales.

El comunicado señala que hoy los Gobiernos Regionales tienen la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales en la minería artesanal y de pequeña escala formales, de acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Sin embargo, el predictamen plantea que esta función no puede ser asumida por ellos, lo cual contradice dicha ley. Por ello, consideramos fundamental que la futura Ley MAPE (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en Perú) respete y mantenga esta competencia en los Gobiernos Regionales.

Respecto al proceso de formalización minera regulado por el Decreto Legislativo N.° 1293, así como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ambos culminan el 31 de diciembre de 2025. Si el proyecto de dictamen propone establecer un nuevo régimen, es necesario evitar vacíos normativos que puedan ser aprovechados por operadores ilegales.

El MINEM sostiene que la propuesta referida al otorgamiento de servidumbre minera plantea un procedimiento que podría vulnerar los derechos de los titulares de concesiones, al forzarlos a ceder parte de sus derechos a terceros.

Afirman que la medida afectaría el derecho de propiedad protegido por el artículo 70 de la Constitución y podría configurar una expropiación indirecta sin las garantías constitucionales requeridas, exponiendo al Estado a eventuales demandas e indemnizaciones.

Respecto a la minería aluvial, el dictamen se contrapone al Decreto Legislativo N.° 1100, que prohíbe el uso de dragas y equipos similares en cuerpos de agua, norma cuya constitucionalidad ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional.

El MINEM indica que esta prohibición busca evitar impactos severos e irreversibles en los ecosistemas, por lo que cualquier propuesta sobre esta modalidad debe ser objeto de un amplio debate técnico y social, basado en evidencia científica y buenas prácticas internacionales.

Sobre la exención de responsabilidad penal, el proyecto plantea liberar de dicha responsabilidad a los mineros en proceso de formalización. No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido que no es constitucionalmente válido regular la exoneración de responsabilidad penal por delitos ambientales, ni siquiera de manera transitoria o como parte de políticas públicas permanentes.

El MINEM considera inviable la Cuarta Disposición Complementaria Final del dictamen, que contraviene lo dispuesto por el máximo intérprete de la Constitución y reafirma su compromiso con una minería responsable, formal y sostenible, que respete el marco constitucional, promueva la seguridad y proteja el medio ambiente.

Sostienen finalmente que toda reforma normativa debe construirse sobre consensos técnicos, legales y sociales, sin afectar derechos fundamentales ni retroceder en los avances alcanzados en la formalización minera y la protección ambiental.