No hay duda que todo proceso de descentralización es complejo y dura décadas cosechar sus frutos, ya que así lo han demostrado experiencias de otros estados en los cinco continentes. Pero en el caso de nuestro país, la partidocracia asentada en el parlamento con el oficialismo y la oposición, solo han aprobado maquillajes a la legislación vigente, cuando las reformas deberían partir de un rediseño constitucional respecto a la descentralización.

No es posible que en pleno siglo XXI tengamos una estructura estatal excesivamente centralista. Los tres poderes del estado, (ejecutivo, legislativo y judicial) están en la capital del centralismo y ninguno de ellos está en el interior del país como sucede hoy con países vecinos como Bolivia, Brasil y Ecuador.

¿No se supone que estamos en una república unitaria, descentralizada y representativa como señala la Constitución? ¿Por cuánto tiempo más vamos a continuar con esta estructura estatal centralizada en Lima? ¿Las cupulas dirigenciales de todos los partidos políticos pueden seguir hablando de descentralización si ellos nunca salen de la capital del centralismo?

Después de más de dos décadas del proceso de descentralización iniciado en el Perú, se requiere una evaluación y modificaciones. ¿Qué institución debe conducir este proceso? El peor error del aprismo fue liquidar el Consejo Nacional de Descentralización que contenía la ley de Bases de Descentralización y reducirla a una simple Secretaría de Descentralización en la Presidencia del Consejo de ministros como está hasta hoy.

Eso no puede continuar ante la pasividad y mediocridad de la mayoría de congresistas de regiones que tienen asiento en el parlamento, de los consejeros regionales y regidores municipales que poco o nada hacen para acelerar este proceso. La prueba del centralismo es Lima con más de 12 millones de habitantes, mientras las zonas rurales se siguen despoblando y sus habitantes migran a las urbes en búsqueda de desarrollo personal y familiar, ya que en la sierra y selva no hay futuro.

Fue Alan García quien no respetó las políticas de estado del acuerdo nacional en donde se señala que la descentralización es un proceso continuo y permanente que merecía corregir algunos errores del Consejo Nacional de Descentralización, pero de ninguna manera desaparecer este organismo y relegar este proceso a una simple oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros CM como sucede hasta hoy.

Otro aspecto, es la organización territorial y conformación de macrorregiones. El país cuenta con más de 196 provincias y 1,834 distritos a nivel nacional, pero curiosamente más del 80% de distritos y más del 90% de provincias aun no tienen limites bien definidos, lo que genera conflictos territoriales. Tampoco contamos con una macrorregión a más de dos décadas de este proceso ya que en el año 2005 solo en Arequipa y los characatos votamos a favor en el referéndum por el SI, cuando en otras regiones mayoritariamente rechazaron la unión de regiones en el interior del país.

No se han desarrollado Juntas de Coordinación Interregional entre las autoridades tal vez por su excesivo caudillismo y evitar perder poder. En relación a la transferencia de funciones y competencias a los gobiernos descentralizados, los gobiernos regionales y municipales han avanzado aun con tropiezos. Sin embargo, algunos de los programas sociales creados por el actual gobierno siguen siendo manejados por el centralismo lo que no puede continuar.

Otra modificación urgente es que las concesiones sobre la gran minería y mediana minería y de otros recursos naturales que están en el interior del país, sus autoridades regionales y municipales deberían ser consultados y emitir opinión, tomando como premisa que el país es unitario pero a la misma vez descentralizado y no ser ignorados como hoy sucede con la actual legislación centralista que parece fue redactada por gremios mineros y abogados limeños, pero no por organismos del estado peruano.

Debe revisarse y modificarse la descentralización económica. Debe partirse por una mejor distribución del presupuesto anual de la república. Inadmisible que el gobierno nacional concentre más del 70%, mientras que las regiones les otorgan en promedio el 18% y las municipalidades el 12%. Debe revisarse asimismo el impuesto a la renta de donde sale el canon minero que actualmente es inequitativo, porque pocos gobiernos descentralizados tienen mucho dinero, pero muchos municipios y regiones tienen pocos recursos económicos. El ejemplo más claro es Arequipa.

En el presupuesto 2025 aprobado por el Congreso, el distrito de Yarabamba ocupa el primer lugar, ya que se proyecta que recibirá 316 millones 262 mil soles, pese a que tiene menos de 2 mil pobladores, pero percibe más de 80 millones por el canon minero de Cerro Verde. En segundo lugar, está Cerro Colorado con 187 millones 308 mil soles que tiene una población que supera los 260 mil pobladores y percibe más de 70 millones por canon minero.

Lo curioso del presupuesto en la provincia de Arequipa, es que la Municipalidad que dirige Víctor Rivera que tiene jurisdicción provincial en los 28 distritos de Arequipa provincia, solo tendría un presupuesto del 2025 el monto de 268 millones 148 mil soles, pero en canon minero no pasan de 20 millones, lo que es injusto e inequitativo, lo que obliga a una modificación legal, que debería ser una demanda prioritaria al Congreso y gobierno nacional que deberían enarbolar autoridades regionales y municipales, pero no lo hacen por desidia e incapacidad.

Es impostergable una permanente capacitación de los funcionarios públicos de los gobiernos descentralizados, ya que pese a que anualmente no logran ejecutar en promedio el 25% de sus presupuestos por múltiples razones, pero también actualizarse las remuneraciones de los funcionarios, porque mientras los funcionarios nacionales perciben remuneraciones entre 5 a 10 mil soles, en regiones y municipios sus sueldos no llegan ni a 3 mil soles, lo que es inequitativo.

Otra modificación es que en los directorios de las empresas públicas que están asentados en las regiones, como SEAL y EGASA en Arequipa, haya representación de los gobiernos regionales y provinciales en sus directorios y no sean impuestos por el centralismo a través del FONAFE en cuyo directorio está copado por representantes de los ministerios del centralismo.

Estamos ad portas de la campaña electoral 2026 y todos los candidatos a diputados y senadores, deberían priorizar cuales son sus propuestas concretas y específicas y no genéricas ni demagógicas para reimpulsar el proceso de descentralización en el país que esta empantanado desde el año 2002. Ese proceso debe pasar por una revisión al capítulo de la descentralización en la Constitución y continuar con una actualización de la ley orgánica de gobiernos regionales y municipales.

En resumen, el proceso de descentralización requiere una revisión integral y no propuestas demagógicas.

 Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

 Foto UCSP