Mediante una cuestionada reforma constitucional, México ha adoptado un modelo inédito de elección por voto popular de la totalidad de personas juzgadoras que integran los poderes judiciales del país. Como hemos señalado anteriormente, se trata de un modelo que podría facilitar la captura política de los tribunales y profundizar el populismo penal.

Ahora se acerca la primera jornada electoral judicial: el próximo 1 de junio, la ciudadanía mexicana es llamada a votar por 881 cargos judiciales federales, es decir, aproximadamente la mitad de los cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF). La otra mitad se someterá a votación en 2027.

Las candidaturas en las elecciones de este junio incluyen:

• 64 candidaturas para los nueve cargos de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN);
• 38 candidaturas para las cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que tendrá facultades para investigar y sancionar a personas juzgadoras;
• 110 candidaturas para 17 cargos de magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF);
• Más de tres mil candidaturas para 850 cargos de magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito.

En 19 entidades federativas, se suman elecciones judiciales estatales, en las que estarán en disputa casi dos mil cargos.

Desde la sociedad civil y la academia han surgido iniciativas de observación del proceso electoral y de los impactos del mismo en el sistema de justicia. Asimismo, personas acreditadas tanto ciudadanas como extranjeras observarán las elecciones.

Aunado a la logística compleja de realizar las elecciones judiciales con el reducido presupuesto asignado, las etapas preliminares del proceso electoral no han estado exentas de controversia. Enseguida repasamos algunos aspectos de lo ocurrido hasta ahora, así como puntos a monitorear durante y después de la jornada electoral.

La selección de las candidaturas

A nivel federal, los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encargados de evaluar los perfiles de las personas aspirantes y seleccionar a las mejores candidaturas, recibieron decenas de miles de postulaciones. Los tres Comités aplicaron metodologías distintas —que han sido criticadas como insuficientes— para evaluar los perfiles.

Uno de los aspectos no previstos en esta etapa ocurrió cuando el Comité del Poder Judicial renunció en enero de 2025, citando resoluciones judiciales que ordenaban suspender el desarrollo del proceso electoral judicial. Por orden del TEPJF, las candidaturas elegibles que estaban bajo evaluación del Comité en ese momento fueron enviadas al Senado sin haber pasado por la evaluación de idoneidad, para ser sorteadas y, en su caso, incluidas en la boleta.

Las listas finales de candidaturas, tanto federales como estatales, han desatado distintos señalamientos desde la sociedad civil y los medios, que van desde críticas al desempeño de personas candidatas funcionarias, hasta señalamientos de vínculos de personas candidatas con la delincuencia organizada y con delitos graves.

En algunos estados, se presentan otras situaciones que llaman la atención. Un ejemplo es Durango, donde los tres poderes locales están postulando a las mismas 49 candidaturas para los 49 puestos judiciales disponibles. Es decir, las personas votantes no tendrán la posibilidad de escoger entre diferentes candidaturas.

Las campañas

Las campañas iniciaron formalmente a finales de marzo. Las personas candidatas tienen prohibido recibir dinero público o privado; es decir, deberán financiar sus campañas con su dinero, lo cual favorece a quienes cuentan con fondos disponibles para tal fin. Las candidaturas tampoco pueden comprar anuncios ni pagar publicidad. Las personas candidatas que han tenido mayor visibilidad pública hasta ahora son, en diversos casos, quienes ya ocupan cargos públicos y/o cuentan con canales existentes de exposición en medios.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha habilitado un portal en línea que presenta los perfiles y propuestas de unas 3,400 candidaturas federales. Por otra parte, muchas personas candidatas buscan difundir sus propuestas a través de sus redes sociales. No obstante, personas expertas señalan que es engañoso pensar que vayan a ganar quienes producen los videos más virales, sino que lo determinante en muchos casos será quién cuenta con el apoyo de estructuras de movilización de votos, tales como sindicatos.

Paralelamente, existe preocupación por el riesgo de injerencia del crimen organizado en el proceso electoral judicial, particularmente mediante la violencia. Lo anterior, tomando en cuenta los altos niveles de violencia registrados en procesos electorales recientes.

Las boletas

Las boletas creadas para la elección judicial son más complicadas que las de elecciones tradicionales, lo cual puede aumentar no sólo el tiempo necesario para votar sino también la posibilidad de errores. Las personas utilizarán seis boletas federales distintas, más boletas adicionales en las entidades con elecciones locales. Cada boleta federal cuenta con listas de nombres, divididas entre mujeres y hombres; cada nombre viene con número, poder postulante y, en su caso, materia. Las personas electoras tendrán que indicar sus votos escribiendo los números correspondientes en una serie de recuadros, de acuerdo a un código de colores por materia, de ser aplicable.

El Poder Judicial federal está dividido en 32 circuitos judiciales, que coinciden aproximadamente con los 32 estados. Para la elección judicial, el INE ha dividido esos circuitos en 60 distritos judiciales electorales. Este número se explica porque el INE subdividió 15 de los circuitos judiciales en múltiples distritos. Por lo tanto, en cada uno de esos distritos, aparecerá en la boleta sólo una parte de las candidaturas del circuito judicial.

La jornada electoral

Según la consejera presidenta del INE, se espera una participación en las elecciones judiciales de aproximadamente el 8 al 15 por ciento del padrón electoral. Cabe mencionar que las personas en prisión preventiva —una de las poblaciones más impactadas por el sistema judicial— no tendrán voto, lo que contrasta con los avances registrados en este rubro en otras elecciones.

Aunque sea baja la participación en términos porcentuales, se trata de una jornada electoral que requiere cobertura geográfica en todo el país. Aun así, debido a las restricciones presupuestales, se planea instalar aproximadamente la mitad de las 170 mil casillas aprobadas e instaladas en las elecciones presidenciales de 2024.

El procedimiento para contar los votos y dar a conocer los resultados será distinto en esta ocasión comparado con elecciones tradicionales. Entre otros, los votos por cada candidatura no serán contados por las personas ciudadanas en las casillas —mecanismo para reducir las posibilidades de irregularidades y generar confianza en los resultados— sino en la sede de los consejos distritales del INE.

Los resultados

Después de conocer los resultados de las elecciones, será importante monitorear en qué medida la composición de los poderes judiciales resulta más afín al partido político en turno, así como analizar la paridad de género, incluyendo los mecanismos implementados para lograr la paridad en caso de no lograrse mediante el voto popular.

Otra área a observar será el periodo de transición institucional, con la entrada en funciones de nuevas personas juzgadoras y nuevos órganos. Es previsible que la transición implique más demoras en procesos judiciales en curso, llegando a ser necesario reiniciar ciertos procedimientos, como los juicios orales, así como destinar tiempo a procesos de aprendizaje y capacitación.

Lo que no se espera como resultado de las elecciones judiciales en México son avances contra problemas tan centrales como la impunidad. Lo anterior, entre otras razones, porque la impunidad por los delitos reportados por la población ocurre principalmente en la etapa de investigación por parte de las fiscalías, pero la reforma judicial no aborda la necesidad de mejorar el desempeño de dichas instituciones.

Conclusión

El proceso electoral en curso brindará aprendizajes sobre posibles medidas para mejorar las reglas y la logística del proceso electoral judicial programado para 2027, aunque tales medidas no resolverán las preocupaciones de fondo asociadas a la elección popular como modelo de selección de personas juzgadoras.

Los verdaderos impactos de la reforma judicial en la independencia judicial y el acceso a la justicia en México están por verse en rubros como las sentencias emitidas por las nuevas personas juzgadoras y la actuación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Documentar esos impactos, e impulsar mejoras para superar tanto las deficiencias ya vigentes en las instituciones de seguridad y justicia como los nuevos retos derivados de la reforma judicial, será la tarea pendiente.

Stephanie Brewer – WOLA Internacional.