Tres son las irregularidades que detectaron los profesionales del órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa en los servicios de seguridad ciudadana según el informe de visita de control 017-2025 del 19 de mayo del 2025.

La primera irregularidad es que las 45 cámaras de videovigilancia adquiridas por la Municipalidad de Arequipa se encuentran inoperativas debido a la demora en la instalación de las antenas direccionales, generando el riesgo de afectar el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana a cargo del gobierno local, así como de identificar de manera oportuna actos que afecten la seguridad ciudadana.

La segunda irregularidad es que el sistema de cámaras de videovigilancia implementado en la Municipalidad de Arequipa, no se encuentra interconectada a otros sistemas de telecomunicaciones como la Policía Nacional, Cía. de Bomberos y Defensa Civil, tal como se encuentra precisado en la normativa vigente, aspecto que pondría en riesgo su integración al sistema nacional de seguridad ciudadana y la toma de acciones coordinadas con otros actores de seguridad.

La tercera irregularidad es que la Municipalidad de Arequipa, tiene 6 vehículos, entre autos, ambulancias y buses inoperativos, lo que podría afectar el desarrollo del patrullaje de serenazgo municipal para prevenir y detectar hechos que afecten la seguridad de los ciudadanos.

El informe de la OCI de la MPA, afirma que las irregularidades detectadas contravienen el Decreto Legislativo N° 1218, norma que regula el uso de las cámaras de videovigilancia, vigente desde el 24 de setiembre de 2015 y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1218, Decreto Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia y de la Ley N° 30120, Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas, y dicta otras disposiciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2020-IN de 23 de abril de 2020.

El informe solicita al alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez que debe comunicar a la OCI, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectivo.

Foto El Peruano