La congresista Magaly Ruiz Rodríguez el 02 de abril del 2025, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto modificar el artículo 34 de la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, a fin de establecer la igualdad remunerativa integral los fiscales del Ministerio Público y los jueces del Poder Judicial, garantizando condiciones laborales y retributivas equitativas en todos sus componentes.

Su propuesta pretende modificar el literal 1 1 del artículo 34 de la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, en los siguientes términos. «Artículo 34. Derechos Son derechos de los fiscales los siguiente: […] 11. Percibir una retribución acorde con su función y jerarquía, y gozar de los derechos laborales y previsionales durante el servicio activo y la jubilación que les corresponda. La retribución, derechos, bonos y beneficios que perciben los fiscales no pueden ser disminuidos ni dejados sin efecto y serán equivalentes a los correspondientes a los jueces del Poder Judicial”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, la congresista Ruiz señala que nuestro sistema de justicia se sostiene sobre dos instituciones que son pilares fundamentales: el Ministerio Público y el Poder Judicial, ambas responsables de garantizar el acceso a la justicia, la lucha contra la criminalidad y la defensa de los derechos fundamentales. Si bien cumplen funciones complementarias y de igual relevancia dentro del sistema de justicia, persiste una histórica brecha salarial entre los fiscales y jueces, pese a que en el artículo 158 de nuestra Constitución establece de manera expresa que «(…) los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. (…)».

Señala también que desde dicha perspectiva, establecer una diferencia remunerativa entre fiscales y jueces que pertenecen al mismo sistema de justicia, que enfrentan responsabilidades comparables y cuya función es igualmente esencial para la administración de justicia, representa una vulneración directa a este principio derecho de igualdad reconocido por nuestro máximo intérprete de la Constitución, pues no es solo un tema de equidad o justicia social, es un mandato constitucional expreso que no puede ser desconocido.

Por ello, la equiparación remunerativa entre fiscales y jueces no es solo una cuestión de justicia salarial, sino una necesidad estructural para fortalecer el sistema de justicia penal y garantizar la independencia del Ministerio Público. Un fiscal con condiciones laborales dignas puede ejercer su rol con mayor solidez, resistir presiones indebidas y evitar que errores en la investigación conduzcan a la impunidad en delitos graves como corrupción, lavado de activos y crimen organizado.

 Foto Rumbo Económico