El 13 de marzo el abogado, Carlos Salas, del Instituto de Estudios Constitucionales e Investigación de Derechos Humanos de Arequipa, presentó denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de funcionarios, contra el gerente regional del Ambiente, Fernando Mejía, Jacob Salazar, Subgerente de Calidad Ambiental, Erick Apaza, Jefe de Logística y Lucia Pérez y Diana Condor como locadoras de servicios.

El letrado en su denuncia señala que en el proceso de formalización minera se creó el registro integral de formalización minera a cargo de los gobiernos regionales, y según información de la gerencia regional de Minas en Arequipa se formalizó a 1,729 mineros de un total 12,133 que representa el 73% del total regional.

El 2024 el Consejo Regional conformó una comisión especial para investigar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal a cargo de las gerencias regionales del Ambiente y Minería, cuyo informe ha identificado irregularidades en la contratación de personal relacionadas de tres damas a quienes se les contrató bajo el régimen de locación de servicios durante el periodo 2024.

El denunciante afirma que pese a las irregularidades detectadas el Subgerente de Calidad Ambiental y el gerente regional Ambiental, Fernando Mejía, dieron conformidad a servicios que presuntamente no se habrían realizado, conducta que habría generado una grave afectación a las arcas del estado, ello de conformidad con lo señalado en el informe de fiscalización 001-2025-GRA/CR-CEPMMA.