La Jefa de la Oficina Defensorial en Arequipa, abogada Andrea Sarayasi, acusó a varias dependencias del gobierno regional y municipios del incumplimiento de deberes legales y funcionales lo que afecta a la población mistiana en la prestación de servicios públicos. Así lo manifestó en su exposición ante el Consejo Regional en la sesión ordinaria del martes 03 de diciembre donde dio cuenta sobre los resultados del ejercicio de supervisión a la administración publica el año 2024.

Sarayasi, informó que, en la afectación a los derechos de los niños y adolescentes, la gerencia de Educación no participa en la red de auxilio rápido y no ha facilitado información de docentes sancionados por maltrato a escolares. Precisó que la gerencia de Turismo, no tiene personal para fiscalizar los hoteles siendo esa una obligación de dicho sector y evitar que menores de edad sean violados en dichos recintos. En atención al derecho a la salud, refirió que la gerencia regional de Salud no les otorgó información a la Defensoría sobre la actual situación de los hospitales de Arequipa, mientras que en el gobierno regional no se da cumplimiento del modelo de integridad institucional establecido en la legislación, ya que en dicha dependencia deberían laborar cinco personas, pero solo tienen dos actualmente.

Respecto a la contaminación hídrica en Islay, la representante de la Defensoría, indicó que la gerencia regional de Salud aun no ha presentado los resultados de la contaminación del Rio, el gobierno regional no ha asumido su rol de ente rector, ya que las gerencias de Salud y Ambiente no remiten información documentada de sus acciones, mientras que la Comision Ambiental Regional no tiene una agenda para contrarrestar la contaminación en Tambo por lo que no hay resultados visibles pese a que dicha provincia fue declarada en emergencia en los últimos meses.

Sarayasi, lamentó el abandono del Instituto Superior de Bella Union en Caraveli, cuya infraestructura fue dañada por terremotos y no ha sido reparada en los últimos seis años afectando a 200 alumnos, por lo que dichas instalaciones deberían ser demolidas. La funcionaria de la Defensoría indicó que solicitó información al gobierno regional y le informaron que dicho proyecto educativo no está priorizado en el plan de inversiones del año 2025, por lo que demandó a los consejeros que fiscalicen ese tema y deslinden las responsabilidades de los funcionarios regionales.

Agregó que en el año 2023 en Arequipa se registraron 22 femicidios y el año 2024 se han registrado 11, y se han registrado un total de 766 denuncias de violencia contras las mujeres. Solo se ha avanzado en 50% en el cumplimiento de la ley de igualdad de oportunidades y varias dependencias estatales aun no han designado a las oficiales de igualdad de condiciones. Criticó a las municipalidades ya que en todos los expedientes técnicos no exigen el cumplimiento de normas técnicas y legales sobre accesibilidad a personas discapacitadas, al tiempo de denunciar que las municipalidades de Arequipa no tienen planes de acción conjuntas para enfrentar a la delincuencia. Concluyó su intervención afirmando que en el conflicto social de Tía Maria debe primar el dialogo y no la confrontación entre la policía y la población.