El Congreso de la República está a punto de aprobar un proyecto de ley que, no solo modifica la Constitución Política de manera ilegal, sino que altera gravemente principios elementales del Estado de derecho al pretender generar un marco legal que altera el sistema de votación del Tribunal Constitucional y eliminar el control judicial de los actos del propio Congreso. Este proyecto de ley transforma al Congreso en un poder sin control alguno, que queda por encima de la Constitución y exento de todo control judicial. Esto nos coloca en la puerta de entrada a una dictadura. Los siguientes puntos resumen nuestras principales objeciones:

1. Rechazo a la interferencia en procesos judiciales. El proyecto modifica el quórum para emitir sentencia en procesos competenciales, favoreciendo al Congreso en un caso específico. Esto constituye una interferencia directa en un proceso judicial en curso, violando el principio de independencia judicial establecido en la Constitución.
2. Atentado contra el control constitucional. Se limita la posibilidad de presentar procesos constitucionales contra decisiones del Congreso, eliminando cualquier control judicial sobre sus acciones y consolidándolo como un “superpoder” por encima del ordenamiento jurídico.
3. Violación de compromisos internacionales: Al restringir la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se desconoce el compromiso del Estado peruano de aplicar el control de convencionalidad, lo que debilita la protección de los derechos humanos en el país.
4. Ruptura de la separación de poderes. El proyecto desequilibra la separación de poderes al permitir que el Congreso se auto exima del control judicial, rompiendo el sistema de contrapesos y minando los cimientos del Estado de derecho.
5. Defensa del Estado de Derecho. Llamamos a las instituciones y a la ciudadanía a rechazar esta medida que socava el sistema de protección de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. Un Congreso que no puede ser controlado es una amenaza directa a la democracia.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la Constitución y del Estado de derecho. Exigimos que el Congreso respete los principios fundamentales que sustentan nuestra democracia, y hacemos un llamado a la sociedad civil y a las instituciones a unirse en la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de todos los peruanos.

Instituto de Defensa Legal