Un total de 26 diputados de oposición presentaron una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, por su incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo.

Entre los argumentos de la moción de censura, señalan que el ministro fue interpelado el 17 de septiembre en sesión reservada por disposición del presidente de diputados, que impidió que los ciudadanos conozcan las respuestas del ministro cuestionado.

Respecto de la inseguridad ciudadana, afirman que hasta agosto 2026 se han registrado 1,499 homicidios y hay un promedio de 6 homicidios diarios, y hasta julio 2026 el 83% de la población consideraba que podía ser víctima de delitos, y los medios de comunicación informan diariamente que hay hurtos, extorsiones, asesinatos, etc.

Puntualizan que el 19 de septiembre fue asesinada en Ancash la candidata regional, Susy Aponte Polo cuando en un mercado efectuaba proselitismo político, habiendo capturado la policía nacional al presunto asesino que disparó contra la candidata, lo que revela falta de prevención de la policía frente a las amenazas previamente denunciadas por la fallecida.

Sostienen que, el asesinato de una candidata en plena campaña compromete el orden interno y la seguridad del proceso electoral y ambas materias se encuentran dentro de la competencia del Ministerio del Interior conforme al artículo 4 del Decreto Legislativo 1266. La falta de protección, pese a las amenazas denunciadas, compromete la responsabilidad política del titular del sector.

Refieren que el informe anual de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú registró en 2025 los asesinatos de Gastón Medina Sotomayor, Raúl Celis López, Fernando Núñez Guevara y Mitzar Castillejos, además de 458 ataques contra la prensa.

Según el mismo informe, fue el año con más periodistas asesinados en el Perú durante este siglo y ninguno de los cuatro casos tenía condena al cierre del informe. La misma fuente registró otros 140 ataques entre enero y los primeros días de mayo de 2026.27 Que, ese informe advirtió que el ejercicio periodístico enfrentaría mayores riesgos durante 2026 debido a las elecciones generales, regionales y municipales. La advertencia fue pública y anterior al inicio de la campaña. No se ha identificado una medida preventiva específica del Ministerio del Interior en respuesta a ese riesgo.

Agregan que, el 10 de setiembre de 2026, nueve días antes de su asesinato, la señora Susy Ysabel Aponte Polo denunció públicamente, a través de su plataforma digital, que había recibido llamadas desde tres establecimientos penitenciarios. Según su denuncia, en esas comunicaciones se le advirtió que el general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán, entonces director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, habría ordenado un atentado contra su vida. La periodista indicó que ya había formalizado la denuncia ante las autoridades competentes.

La denuncia fue pública, identificó al oficial cuestionado y, según la propia periodista, ya había sido formalizada y el señalado ocupaba la dirección de la unidad policial encargada de investigar el crimen organizado en el ámbito nacional. Durante los nueve días siguientes, el Ministerio del Interior no informó de una investigación de los órganos de control disciplinario, una medida respecto del oficial cuestionado ni una medida de protección para la denunciante. Tampoco emitió un pronunciamiento público sobre el caso.

Acotan que estos hechos muestran que el ministro del Interior no ejerció oportunamente la conducción política del sector prevista en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1266. Ante una denuncia pública contra el director de Investigación Criminal, no se informó de una investigación, una separación preventiva, una medida de protección ni una explicación pública.

La actuación documentada fue una reasignación por necesidad del servicio del jefe policial denunciado, propuesta por la Comandancia General y sustentada en informes administrativos sobre recursos humanos y disponibilidad presupuestal. Que, la conducción del sector exige evaluar los riesgos conocidos y adoptar decisiones antes de que el daño se produzca. La reacción posterior al homicidio, pese a la denuncia previa y a la gravedad del señalamiento, sustenta la responsabilidad política del ministro ante la ciudadanía que exige cambios.

Concluyen que, la moción de censura permite a la Cámara de Diputados hacer efectiva la responsabilidad política de un ministro cuando ha perdido su confianza. En este caso, la continuidad del titular del Ministerio del Interior debe evaluarse frente al aumento de la violencia letal, los resultados expuestos durante la interpelación y la falta de protección ante un riesgo previamente denunciado.

Por los hechos expuestos, los diputados opositores afirman que el ministro César Augusto Astudillo Salcedo, no reúne las condiciones de idoneidad, eficacia y confianza política necesarias para continuar al frente del Ministerio del Interior y corresponde, por ello, que la Cámara de Diputados haga efectiva su responsabilidad política mediante la censura.