El presupuesto público no es un simple documento contable. Es, probablemente, uno de los instrumentos políticos y económicos más importantes que tiene un gobierno. Allí se expresa qué tipo de Estado se quiere construir, cuáles son las prioridades nacionales, quiénes reciben los recursos públicos y, sobre todo, qué papel se asigna al Estado y al mercado en el desarrollo del país.

Desde esa perspectiva, el Proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2027 resulta preocupante. Más que presentar una estrategia destinada a transformar la economía peruana, parece prolongar una concepción de Estado que administra, recauda impuestos y paga, pero que renuncia a conducir el desarrollo del país.

Dicho presupuesto asciende a S/266,506 millones, frente a S/257,562 millones en 2026, un incremento nominal 3.5%. Si la inflación anual a agosto 2026 ha sido 4.44% y la inflación subyacente 4.5% (expectativas de inflación en julio de 3.01%), el aumento real del presupuesto sería ínfimo (BCR, agosto 2026).

Pero el problema central no es solamente cuánto aumenta el presupuesto. La pregunta verdaderamente importante es: ¿para qué se gasta y qué país se pretende construir con esos recursos?

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La trayectoria presupuestaria reciente revela una contradicción difícil de ignorar. Mientras el gasto corriente pasó de S/167,055 millones en 2026 a S/178,026 millones en 2027, el gasto de capital disminuyó de S/65,060 millones en 2025 a S/57,032 millones en 2027. Es decir, el gasto corriente crece alrededor de 6.5%, mientras la inversión pública prácticamente se congela o retrocede en términos reales. Esta composición revela mucho más que un problema técnico. Expresa una determinada concepción del Estado.

El Perú tiene enormes déficits en carreteras, ferrocarriles, puertos, hospitales, colegios, irrigaciones, reservorios, saneamiento, conectividad digital, energía, ciencia y tecnología. Sin embargo, justamente el componente del presupuesto destinado a crear activos públicos, aumentar la productividad y ampliar la capacidad económica del país pierde fuerza. Estamos construyendo, por tanto, una peligrosa paradoja, un Estado cada vez más costoso para funcionar, pero cada vez menos potente para transformar.

Obviamente, no todo gasto corriente es improductivo. Los salarios de maestros, médicos, policías y otros servidores son indispensables. El problema surge cuando se perpetúan organismos redundantes, consultorías, estructuras administrativas, unidades ejecutoras y programas cuya contribución efectiva al bienestar ciudadano pocas veces es evaluada rigurosamente.

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Detrás del presupuesto existe también una discusión ideológica que no debería ocultarse. Durante varias décadas, la política económica peruana se ha desarrollado bajo una concepción según la cual el mercado debe ocupar el papel central en la asignación de recursos, mientras el Estado debe mantener fundamentalmente la estabilidad macroeconómica, garantizar reglas de juego, cobrar impuestos y actuar subsidiariamente donde la iniciativa privada no llega.

El resultado está a la vista. En lugar de que el Estado defina una estrategia nacional de desarrollo y convoque al mercado a participar en ella, en el Perú ocurre lo contrario. Las posibilidades, prioridades y límites que establece el mercado terminan condicionando las decisiones del Estado.

Este orden debería invertirse. El mercado es un mecanismo útil para asignar determinados recursos, generar competencia, innovación e inversión. Al respecto, no se discute. Pero el mercado no tiene como objetivo construir una nación, reducir desigualdades territoriales, garantizar educación universal, desarrollar infraestructura estratégica o impulsar sectores productivos que requieren décadas para madurar. Esa responsabilidad corresponde al Estado.

Los países que lograron transformar sus estructuras productivas no lo hicieron esperando pasivamente que el mercado resolviera sus problemas. Lo hicieron mediante políticas públicas, infraestructura, educación, financiamiento, ciencia, tecnología y una visión estratégica de largo plazo.

¿Recaudar impuestos para qué?

El Estado peruano recauda IGV, impuesto a la renta, impuestos selectivos y diversos tributos. Sin embargo, millones de ciudadanos difícilmente perciben que sus contribuciones regresen en forma de servicios públicos equivalentes.

El ciudadano paga impuestos, pero encuentra escuelas deterioradas; contribuye al financiamiento del sistema público, pero espera meses por una atención médica; paga IGV por todo lo que consume, pero circula por carreteras deficientes, enfrenta inseguridad y carece, en muchos lugares, de agua y saneamiento adecuados.

Esta desconexión deteriora la legitimidad del sistema fiscal. Un Estado no puede limitarse a exigir al ciudadano que pague impuestos. Debe demostrar para qué los cobra y qué transformación consigue con ellos.

De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un gran recaudador y pagador: recauda impuestos, paga planillas, obligaciones, deuda, transferencias y gastos administrativos, pero produce insuficientemente los bienes públicos que deberían justificar su existencia.

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Un presupuesto verdaderamente orientado al desarrollo debería modificar sustancialmente la lógica actual.

Primero, el país necesita una estrategia nacional de desarrollo de largo plazo. El presupuesto anual debe ser un instrumento de esa estrategia y no una simple suma de demandas ministeriales.

Segundo, debe establecerse una regla de oro fiscal favorable a inversión pública productiva: el endeudamiento nuevo debería financiar exclusivamente inversión que genere activos públicos que aumenten la productividad y la competitividad futura, no gasto corriente improductivo.

Tercero, es necesario realizar una revisión integral del gasto público. Ningún programa, organismo o partida debería recibir automáticamente el presupuesto del año anterior sin demostrar resultados.

Cuarto, debería aplicarse progresivamente el presupuesto base cero en determinadas áreas. Cada entidad tendría que justificar por qué existe, cuánto necesita y qué resultados entrega a la sociedad.

Quinto, el gasto de capital debería recuperar protagonismo. Un país con las brechas del Perú no puede reducir su esfuerzo inversor y pregonar simultáneamente aumentar productividad y competitividad cuando no hay condiciones para ello.

Sexto, el presupuesto debería construirse con un horizonte verdaderamente multianual. Los problemas estructurales del Perú no pueden resolverse pensando exclusivamente en doce meses.

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧

El Presupuesto 2027, es en gran medida, una extrapolación de los anteriores: más de lo mismo, con cifras ligeramente mayores, pero prácticamente igual que 2026 en términos reales. Su crecimiento nominal de 3.5% apenas supera la inflación prevista, mientras la inversión pública continúa mostrando señales preocupantes y el gasto corriente improductivo no deja de crecer.

El problema, por tanto, trasciende las cifras. El Perú necesita abandonar la concepción de un Estado meramente subsidiario, recaudador y pagador. Necesita ser un Estado estratega, planificador, promotor e inversor, capaz de establecer objetivos nacionales y movilizar recursos públicos y privados para alcanzarlos.

La estabilidad fiscal es indispensable, pero no puede convertirse en una excusa para renunciar al desarrollo. El mercado debe funcionar, competir e invertir, pero dentro de una estrategia de país. El Estado debe señalar el rumbo. Cuando ocurre al revés y el Estado termina siguiendo al mercado, el presupuesto deja de ser una herramienta de transformación y se convierte simplemente en un mecanismo para administrar el presente.

Y administrar el presente, en un país con las brechas estructurales que tenemos, significa inevitablemente postergar el futuro.

 Alejandro Narváez Liceras – Profesor principal en la UNMSM – Otra Mirada.

 FOTO TV PERÚ