La senadora Mirtha Vásquez presentó ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por infracción a la Constitución Política de los art. 2, inc. 19, 39,43, 44, 55, 89, 134, 161 y 162, solicitando su destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años.

La acusación principal contra el Defensor según Vásquez, es por las declaraciones de Gutiérrez sobre la disolución del Congreso en agosto 2026 donde señaló “que si la presidenta Fujimori cerraba ese poder estatal su popularidad subía entre 20 y 30%”.

La senadora sostiene que Gutiérrez al promover una disolución del Congreso desde su investidura como Defensor del Pueblo, fuera de los límites constitucionales, ha violado el principio de separación de poderes y los limites constitucionales del Poder Ejecutivo.

Agrega, que Gutiérrez ha incumplido la defensa de los derechos fundamentales frente a graves violaciones de derechos humanos respecto a las victimas de las protestas sociales del 2022 y 2023 y haber desarrollado actuaciones favorables a la amnistía y prescripción de delitos para favorecer la impunidad y promover una demanda de inconstitucionalidad contra el régimen de extinción de dominio.

Vásquez sostiene que el Defensor no ha defendido la protección de los derechos de los pueblos indígenas frente a medidas que comprometían sus derechos colectivos por lo que ha cometido varias infracciones constitucionales y merece ser destituido e inhabilitado para el ejercicio de la función pública de diez años.

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