En la provincia de Arequipa se han identificado 48 puntos críticos en diversos distritos que requieren propuestas de intervenciones de prevención en quebradas por parte de sus autoridades municipales, siendo el distrito de Paucarpata donde se identificó el mayor número con 14 puntos críticos en diversos tramos.

Así lo dio a conocer el 29 de abril del 2026 el Jefe Nacional de la Autoridad Nacional del Agua, (ANA),Manuel Barreno, quien remitió un oficio con dicha información al Jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, Carlos Yáñez, donde le remitió las 48 fichas técnicas  emitido por la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, para que, de acuerdo a sus competencias realice el registro correspondiente en la base de datos del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID.

Después de Paucarpata, el segundo distrito que tiene mayores puntos críticos es Cerro Clorado con 9, Cayma con 6, Hunter con 5, Cercado con 4, Mariano Melgar con 4, y otros distritos con menor cantidad de puntos críticos en las quebradas de sus jurisdicciones territoriales. Al mes de agosto 2026, se desconoce cuántos trabajos de prevención han realizado las municipalidades distritales de Arequipa teniendo en cuenta que está por iniciarse en los próximos meses temporadas pluviales que se agravarían con los efectos del Fenómeno del Niño que amenaza seriamente al país.

El 12 de agosto del 2026, la Sub gerencia de Prevención de la Contraloría emitió el informe de orientación de oficio 11098-2026 denominado Ejecución Presupuestal del Fenómeno del Niño 2026 y 2027 en el gobierno regional de Arequipa.

La conclusión más importante de dicho informe, es que el gobierno regional de Arequipa solo tuvo un avance del 51% al 31 de julio del 2026 en ejecución presupuestal de reducción de vulnerabilidad y atención en emergencias por desastres, mientras que las municipalidades solo ejecutaron menos del 40% poniendo en riesgo la integridad de 1 millón 656 mil 746 pobladores de Arequipa.

El informe de Contraloría indicaba que el Fenómeno del Niño se encuentra en desarrollo y en fase de fortalecimiento por lo que urge limpiar los drenajes, revisar puentes, y organizar rutas alternativas y actividades preventivas por lo que los gobiernos regionales y locales deben identificar riesgos, generar alertas tempranas y adoptar medidas ante la ocurrencia del daño, para evitar pérdida de vidas humanas y de la infraestructura vial, producción, transportes y servicios esenciales.

El informe manifiesta que el gobierno nacional presupuestó 300 millones de soles para financiar actividades contra el Fenómeno del Niño a nivel nacional, y declaró mediante DS 097-2026-PCM el estado de emergencia en varios departamentos del país por lo que deben adoptarse medidas urgentes en coordinación con ministerios del poder ejecutivo, para lo cual se aprobó créditos suplementarios con la Ley 32732 y se autorizaba a los gobiernos regionales y locales a incorporar recursos determinados.

El decreto publicado autoriza a los gobiernos regionales y locales a utilizar el 20% de los recursos del canon minero y 20% del FONCOR para descolmatar ríos y quebradas. El informe dirigido al gobernador Sánchez, le concedió plazo de cinco días para que adopte las acciones preventivas y reporte en forma documentadas las actividades a desarrollar.

La Autoridad Nacional del Agus es el ente rector y normativo de la gestión de los recursos hídricos del Perú, entre sus competencias, conforme a lo señalado en la Ley de Recursos Hídricos, en el Artículo 119°, establece que la ANA fomenta programas integrales de control de avenidas, desastres naturales o artificiales y prevención de daños por inundaciones o por otros impactos del agua y sus bienes asociado, promoviendo la coordinación de acciones estructurales, institucionales y operativas necesarias.

La Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, en su artículo 264°, numeral 264.3, hace mención sobre las acciones de prevención de inundaciones y consideran la identificación de puntos críticos de desbordamiento por la recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y de eventos extremos, que hacen necesaria la ejecución de actividades permanentes de descolmatación de cauces, mantenimiento de las pendientes de equilibrio y construcción de obras permanentes de control y corrección de cauce.

Por ser de interés público, publicamos el listado que elaboró la ANA y remitió al CENEPRED en cumplimiento de sus funciones, donde se precisa cuales son los 48 puntos críticos en diversos tramos en las quebradas ubicadas en distintos distritos de la provincia de Arequipa.

Consideramos que el Consejo Regional y los Consejos Municipales en su ejercicio de control político y fiscalización deberían pedir cuentas a los alcaldes de sus jurisdicciones en sesiones públicas, para que expliquen cuánto han avanzado en tareas de limpieza y descolmatación de quebradas. Con mayor razón si los alcaldes son los presidentes de los Comités de Defensa Civil de sus jurisdicciones y tienen la obligación de prevenir y proteger a sus vecinos ante potenciales daños de la naturaleza a sus ciudadanos y la infraestructura pública.

Similar tarea debería cumplir la Defensoría del Pueblo que tiene la obligación constitucional y legal de supervisar las labores de la administración pública, pero tambien el Ministerio Público a través de la Fiscalia de Prevención del Delito y de encontrar omisión de funciones de los alcaldes derivar esos casos a los Fiscalías Penales de turno para denunciar los alcaldes por incumplimiento de obligaciones legales.

El artículo 377 del Código Penal vigente en el país, regula el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y señala textualmente lo siguiente: “El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa”.

El delito de omisión de actos funcionales no requiere de un resultado lesivo más allá de la propia inercia dolosa del funcionario. Así, lo ha establecido en la jurisprudencia la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Casación N° 169-2012-ÁNCASH, 12 de setiembre de 2013, al señalar lo siguiente.

“La conducta típica es omitir algún acto propio del cargo de forma ilegal, el cual está delimitado en el respectivo reglamento o ley, de ahí que sea necesario hacer mención a la norma que obliga al funcionario a efectuar determinado acto. Pero para diferenciar esta conducta de una simple infracción administrativa, se requiere de esta omisión sea ilegal, es decir, contraria a las normas que regulan la Administración Pública, y, además, dolosa, es decir, realizada con el conocimiento de que se omite hacer algo propio del cargo (omisión que se sabe es ilegal)”.

LISTADO DE LOS 48 PUNTOS CRITICOS DE QUEBRADAS EN DISTRITOS DE AREQUIPA

 FOTO ENCUENTRO