El ministro de Economía, Elmer Cuba, afirmó en los últimos días que el gobierno de Keiko Fujimori tiene en agenda evaluar una reducción del número de ministerios en el Perú, aunque la discusión todavía se encuentra en una etapa preliminar. El ministro evitó adelantar nombres debido al estado inicial de las conversaciones, ni planteó una cifra sobre cuál debería ser el número a reducirse, pero consideró que existen algunas carteras de menor tamaño cuyas funciones podrían ser asumidas por otros sectores.

Lo que llama la atención es que la reducción de ministerios no está considerada en ninguna de las 130 paginas del plan de gobierno de Fuerza Popular que presentó ante el JNE denominado, “El Perú con Orden”, ni tampoco la mandataria nacional no mencionó en ningún momento en su mensaje a la nación del 28 de julio cuando asumió la Jefatura del Estado la necesidad de una reforma del Poder Ejecutivo. Esto evidencia que no hay unidad de pensamiento en el gobierno fujimorista, como se ha hecho visible la discrepancia pública entre los ministros de Justicia quien desea que el Museo Lugar de la Memoria pase a su sector, mientras que el ministro de Cultura, ha expresado su oposición a tal pretensión.

Más allá de quien lo proponga, lo concreto es que en los últimos años algunos partidos políticos han planteado la necesidad de reducir ministerios, como lo hizo en las elecciones 2026 el candidato Rafael Aliaga de Renovación Popular.

Fuera de las simpatías y antipatías del tema, la propuesta merece un amplio debate nacional desapasionado y personalmente consideró que el escenario natural y democrático de debate, debería ser el Acuerdo Nacional donde casi todos estamos representados, pero no se le toma en cuenta o derivarse al CEPLAN que es un organismo técnico que proyecta hacia donde debemos ir como Estado soberano e independiente en las próximas décadas.

He revisado como está constituido los poderes ejecutivos de los países de América Latina y he comprobado que algunos tienen más ministerios que el Perú y otros menos ministerios que nuestro país.

Brasil tiene 24 ministerios en su poder ejecutivo con una población de 210 millones de habitantes,  Argentina tiene 16 ministerios con una población de 45 millones de habitantes, Perú tiene 19 ministerios y contamos con 34 millones de habitantes, Uruguay tiene 18 ministerios y apenas cuenta con un poco más de 4 millones de habitantes, Chile tiene 23 ministerios y cuenta con 20 millones de habitantes, Bolivia tiene 18 ministerios y tiene 12 millones de habitantes, Colombia tiene 16 ministerios y tiene una población de 50 millones de habitantes.

Un caso especial es de Ecuador que, si bien tiene 21 ministerios, tiene 4 grandes ministerios coordinadores. Por ejemplo. El denominado Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social engloba al ministerio de Inclusión Económica y Social, al ministerio de Salud Pública, al ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y al ministerio del Deporte.

Lo concreto es que el gobierno fujimorista está improvisando ya que una decisión tan importante al no ser considerado en su plan de gobierno, evidencia informalidad y voluntad personal del ministro de Economía, pero no habría estudios técnicos, sociales ni jurídicos que justifiquen una reducción de ministerios, lo que pone en duda si hay un manejo serio en este tema concreto, ya que la conducción del Estado, no solo es un tema de gobierno, sino un tema de Estado en el que deben emitir opinión los gobernantes y los gobernados y las decisiones no se impongan verticalmente.

No hay duda que el Perú necesita una reforma del Estado ya que su diseño constitucional fue esbozado en el siglo XX y no para el siglo XXI. Pero, cuando nos referimos al Estado, nos referimos a los tres poderes públicos. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero, no solamente eso, sino también la reforma estatal debería alcanzar a los organismos constitucionales autónomos.

Es decir, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, al BCR, al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Contraloría General de la República, al sistema electoral, a la SBS y el Ministerio Público. Es más, también debería evaluarse y reformularse los gobiernos descentralizados. Nos referimos a los gobiernos regionales, gobiernos municipales provinciales y gobiernos municipales distritales.

Es decir, una reforma integral del Estado y no solo del poder ejecutivo como sugiere el ministro de Economía, Elmer Cuba. Debemos tener un Estado eficiente, pero descentralizado y que sea competitivo ante un entorno globalizado mirando el siglo XXII, pero que esté principalmente al servicio de sus ciudadanos y al desarrollo del país y no al servicio de los grupos económicos, transnacionales y la partidocracia asentada en el Congreso Nacional.

En síntesis, la reforma del Estado, para tener legitimidad y legalidad, debería nacer desde abajo y no imponerse desde arriba como siempre ha sucedido en el país, con mayor razón en el Poder Ejecutivo, que es donde se define el presupuesto general de la República anualmente y donde habitualmente el 70% se destina para consolidar el centralismo y solo el 30% se deriva a las regiones y provincias del interior del país lo que no puede continuar indefinidamente.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

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