Los presidentes de las cortes superiores del país emitieron pronunciamiento en salvaguarda irrestricta de la independencia judicial y el criterio jurisdiccional contra las denuncias de actores políticos contra magistrados ante la Junta Nacional de Justicia.

Demandan respeto absoluto al criterio e independencia de la función jurisdiccional al recordar que todo cuestionamiento a decisiones judiciales debe canalizarse a través de mecanismos procesales e instancias de apelación correspondientes.

Recalcan que la independencia judicial es un pilar innegociable de la democracia porque constituye una garantía fundamental de rango constitucional, consagrada en el artículo 139°, inciso 2, de la Constitución Política del Perú.

Dicho artículo prohíbe de manera categórica que cualquier autoridad, poder del Estado o actor social o político interfiera directa o indirectamente en el ejercicio autónomo de la función de juzgar, recalcaron las juezas y jueces del país.

Asimismo, en el pronunciamiento, afirman que es de prohibición absoluta penalizar o sancionar el criterio jurisdiccional de conformidad con el artículo 18° de la Ley de la Carrera Judicial y el artículo 5º del Código de Ética del Poder Judicial.

Esta ley señala que ningún magistrado puede ser objeto de sanción, persecución ni amedrentamiento disciplinario o penal en razón del sentido de sus resoluciones o sus interpretaciones del ordenamiento legal, por lo que prejuzgar, cuestionar o atribuir responsabilidad por la aplicación fundada del derecho vulnera abiertamente la función jurisdiccional.

Consideran que toda discrepancia con una decisión judicial debe encauzarse de forma exclusiva e idónea mediante el sistema de recursos procesales e impugnaciones previstos por ley y señalan que, las y los jueces no se somete, subordina ni responde a intereses de índole política, partidaria, económica, mediática ni de ninguna otra clase.

Remarcan que, ante cualquier intento de amedrentamiento, injerencia o condicionamiento externo, las cortes reafirmaron su compromiso irrestricto con la defensa de la independencia judicial, salvaguarda fundamental de los derechos ciudadanos y premisa básica del Estado Constitucional de Derecho.

Exigen a los actores políticos y autoridades en general a abstenerse de cualquier acto de amedrentamiento, injerencia o instrumentalización de las instituciones públicas contra los magistrados que cumplen la función de juzgar con apego a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

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