Existe un hilo conductor invisible, pero profundamente perverso, que atraviesa la historia reciente del Perú: el entramado de corrupción, racismo estructural y violencia sexual que permea a nuestra sociedad con la complicidad indolente del Estado. Ya sea en las fronteras fluviales de la Amazonía o en las aulas de un colegio militarizado elitista en la capital, la lógica del sistema no cambia: ante la agresión a un (a) menor, la estructura se blinda para garantizar la impunidad del agresor y abandonar a las víctimas.

La herida abierta de la Amazonía: Condorcanqui y el desprecio oficial

Cuando trabajé en Palacio de Gobierno tuve la oportunidad de conocer y reunirme con diversos dirigentes y Apus indígenas de la provincia de Condorcanqui. Recuerdo claramente la impresión que me dejaron: personajes de una presencia digna, sabios, de una inteligencia aguda y profundamente comprometidos con la supervivencia de sus pueblos. Escucharlos hablar sobre la defensa de sus ríos, la selva y su territorio reflejaba siglos de historia y resistencia.

Sin embargo, detrás de esa hidalguía que vi en las altas esferas del poder central, existía una tragedia silenciada que el Estado peruano se ha negado históricamente a ver: el calvario que viven las niñas de las etnias Awajún y Wampís en sus propios colegios.

Debido a las grandes distancias geográficas y a la falta de infraestructura escolar, miles de niños y adolescentes deben acudir a residencias escolares o colegios alejados. En esos espacios, donde la educación debería ser un motor de desarrollo, cientos de niñas han sido víctimas sistemáticas de violación sexual a manos de quienes tenían la misión de formarlas y protegerlas: docentes y personal administrativo.

Cifras que hablan del agravio del Estado

Hablamos de cientos de denuncias acumuladas durante años sin respuesta. Solo en la Fiscalía existen cerca de 800 investigaciones por abuso sexual infantil en Condorcanqui, con más de 600 docentes y administrativos implicados. La magnitud del drama es devastadora: cientos de niñas y adolescentes Awajún y Wampís han sido víctimas en sus propios colegios mientras las denuncias no paran de crecer año tras año. Lo más indignante es que cerca de 200 expedientes ya han prescrito, dejando impunes a los agresores gracias a la lentitud judicial y al traslado complaciente de profesores.

A la aberración del abuso sexual se suma el impacto destructivo del contagio de enfermedades como el VIH en menores de edad. La lideresa Rosemary Pioc Tenazoa, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY), denunció en forma reiterada la violencia a niñas y adolescentes en Condorcanqui, señalando a La República: “Tenemos muchas niñas contagiadas con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, incluso niñas de tres años. Todos los días recibimos casos de violaciones en nuestros territorios y muchas de ellas ni siquiera tienen alimentación ni atención adecuada.”

El desprecio triple: Indias, pobres y niñas

Sin embargo, en la provincia de Condorcanqui, el abandono estatal y la impunidad no son un mero fallo burocrático, sino una consecuencia directa de cómo la élite limeña y las autoridades ven a las niñas de la Amazonía.

Sobre ellas recae una triple vulnerabilidad: son poblaciones indígenas (Awajún y Wampís) a las que históricamente el Estado ha tratado como ciudadanas de segunda categoría; la pobreza extrema y la lejanía geográfica se utilizan como pretexto para mantener ausente a la presencia estatal; y la violencia sexual en la selva ha sido históricamente minimizada, folclorizada o justificada descaradamente por las autoridades como «costumbres culturales».

Sin embargo, lo que existe es una mirada colonial que cosifica a la mujer indígena desde su infancia, despojándola de su condición de sujeto de derechos.

El uso político de la tragedia

Como si la impunidad y la falta de justicia no fueran suficientes, el ensañamiento contra la infancia expuesta a la violencia sexual ha llegado al extremo del espectáculo y el cálculo electoral de la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), quien expuso a menores de edad sobrevivientes de abuso con sus bebés concebidos producto de un delito —resultado de la violación sexual— para ser difundidas como propaganda albergada en el discurso político y confesional.

¿Por qué si los dirigentes y líderes indígenas han levantado la voz reiteradamente, la justicia no ha actuado?

La respuesta es la impunidad estructural del sistema peruano: la corrupción de un sistema judicial centralista que no llega a las fronteras, expedientes que prescriben en los cajones de las UGEL o fiscalías locales, y un proceso donde los profesores acusados son simplemente rotados de colegio en lugar de ser separados de la carrera e investigados penalmente. A este fallo judicial se suma el vergonzoso comportamiento de altas autoridades del Ejecutivo y del Congreso. En lugar de asumir la responsabilidad y evaluar el sistema educativo nacional, ministros de Estado llegaron a justificar o atenuar esta terrible problemática calificándola públicamente como «prácticas o costumbres culturales». Esas palabras revelaron el racismo y la condescendencia con la que desde Lima se mira a las comunidades originarias: como si la violencia contra una niña amazónica valiera menos.

El reflejo en la capital: La violencia sistemática en el Liceo Naval

Si el abandono en Condorcanqui se quiso maquillar bajo prejuicios de distancias geográficas, el reciente y desgarrador caso de violación en banda ocurrido en el Liceo Naval revela que el problema no es solo la violencia sexual, sino la matriz cultural e institucional de nuestro país.

En una institución de clase media-alta, bajo la tutela militar y supuestamente dotada de una rigurosa disciplina y supervisión, la violencia contra menores no solo ocurrió, sino que se desplegó en un entorno donde la agresividad y el acoso se viven como rutina cotidiana. La agresión grupal perpetrada dentro de estas aulas demuestra cómo las estructuras patriarcales y la cultura de la complicidad penetran todos los estratos socioeconómicos.

Cuando las respuestas oficiales ante este horrendo crimen se limitan a medidas administrativas tibias —como la simple rotación o cambio de mandos e inspectores—, el mensaje que envía el Estado y las autoridades educativas es igual al de la Amazonía: protección a la imagen institucional y relativización de la culpa. La impunidad, de pronto, se democratiza: protege al docente agresor en la selva lejana y ampara a las redes de encubrimiento en los colegios de élite de la capital.

La raíz común: Un Estado que tolera y normaliza la violencia 

El contraste entre Condorcanqui y el Liceo Naval alumbra una verdad incómoda. El Perú ostenta una de las tasas más altas de violencia sexual contra mujeres y niñas en la región, un drama social alimentado por la falta de voluntad política, la ausencia de prevención real en el currículo educativo, el rechazo a la Educación Sexual Integral (ESI) y la normalización del machismo en las instituciones públicas y privadas.

Sea por racismo estructural en la selva o por corporativismo de clase y jerarquía militar en Lima, la respuesta ante la violencia sexual contra menores sigue siendo la indolencia.

¿Qué hacer frente a la barbarie en las aulas?

No podemos seguir permitiendo que el discurso oficial se quede en disculpas vacías, discursos de coyuntura o simples traslados de personal mientras las y los estudiantes siguen en riesgo. Frente a este panorama, se requieren medidas drásticas e inmediatas:

• Expulsión, inhabilitación definitiva y castigo legal: Muerte civil, administrativa y judicial para todo docente, trabajador o autoridad escolar investigada o con indicios suficientes de violencia sexual o encubrimiento, sin espacio para «rotaciones» defensivas.
• Sanciones penales al encubrimiento institucional: Tipificación y sanción ejemplar para directivos, autoridades escolares o mandos institucionales que oculten, dilaten o minimicen denuncias de agresión sexual en planteles públicos o privados.
• Justicia descentralizada e intercultural en fronteras: Instalación permanente de módulos del Ministerio Público y del Poder Judicial en zonas vulnerables como Condorcanqui, con traductores y en coordinación directa con la gobernanza y los Apus Awajún y Wampís.
• Apoyo a la salud mental en colegios y atención integral urgente a las víctimas: Despliegue permanente de equipos especializados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y del Ministerio de Salud para brindar tratamiento médico, contención psicológica y acompañamiento legal a las víctimas y sus familias.
• Restitución urgente de la Educación Sexual Integral y reforma de la convivencia escolar: Intervención profunda de los protocolos de convivencia en colegios militarizados, públicos y privados para erradicar las dinámicas de violencia sistemática, acoso escolar y machismo normalizado.

Las niñas de Condorcanqui y las víctimas de la violencia en el Liceo Naval merecen un Perú que las proteja, no un Estado que vuelva la mirada hacia otro lado o intente apagar los incendios con burocracia. Exigir justicia, sanción sin privilegios a los culpables y una transformación radical en nuestras aulas no es una opción; es un deber moral insoslayable con el futuro de nuestra nación.

 Linda Lema Tucker – Otra Mirada.

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