El miércoles 12 de agosto a las 5.00 p.m., se llevará a cabo la audiencia única (virtual) del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, a raíz de la cual se podría aprobar la suspensión provisional de la habilitación 5 abogados que ejercen la profesión en la función pública, como integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

Esta audiencia única corresponde a la solicitud de medida cautelar N° 303-2025-MC-CE/DEP/CAL, presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) por violación de deberes éticos de la profesión legal, contra los abogados Gino Ríos, María Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo. Se ha solicitado 6 meses de suspensión provisional de la colegiatura, mientras se resuelve el caso de fondo, N° 303-2025, presentado por el IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

La denuncia ética fue presentada el 4 de julio del 2025 por tres hechos: (1) violar el texto expreso de la ley, al requerir que se reponga a la abogada Patricia Benavides como Fiscal de la Nación cuando ya había una Fiscal de la Nación elegida y en funciones; (2) violar el texto expreso de la ley y promover actos propios de un gobierno de facto, al solicitar al Comandante General de la Policía Nacional, el uso de la fuerza pública, y (3) llevar a cabo conductas que violan el deber ético de la transparencia. La denuncia ética fue admitida a trámite por el Consejo de Ética el 30 de octubre del 2025.

Algunos de los deberes vulnerados del Código de Ética son el de hacer prevalecer el derecho (artículo 6), el de obediencia a la ley (artículo 7), el de probidad e integridad (artículo 8), el de no conducirse al margen de los medios y procedimientos permitidos por ley (artículo 51).

El caso es paradigmático, porque las conductas que violaron los deberes éticos llamaron por su extrema gravedad, la atención y pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y significa un serio perjuicio para la legitimidad y confianza de la profesión legal frente a la ciudadanía, así como contra la defensa del sistema legal y democrático que los abogados deberían fortalecer.

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