La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su esperanza de que las autoridades electas del nuevo Gobierno revisen las leyes denominadas ‘pro-crimen’, entre ellas, la que modifica la Ley de Extinción de Dominio, porque han significado un retroceso en la lucha contra el crimen organizado que han significado un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.

Así lo sostuvo durante la ceremonia central por el VII aniversario del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, que tiene la misión de perseguir los bienes obtenidos con el producto de actividades ilícitas.

En su intervención, Tello Gilardi criticó la Ley n.º 32326 (que modifica la extinción de dominio), la cual, sostuvo, lejos de dotar al Estado de mejores herramientas para combatir los activos criminales, representa un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos ya que la referida norma pretende que la extinción de dominio —cuya naturaleza jurídica es nítidamente real, de contenido patrimonial y sustancialmente autónoma del proceso penal— quede supeditada de manera indispensable e irrestricta a la existencia previa de una sentencia penal firme.

Tello indicó que esa norma legal desnaturaliza por completo la esencia de esta institución jurídica y dar la espalda a la Convención de Viena (1988), la Convención de Palermo (2000) y la Convención de Mérida (2003), así como a las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya que dicha ley trunca la celeridad del proceso y reintroduce las dilaciones, ha disminuido la eficacia en la desarticulación financiera del crimen, afectando la extinción de fortunas ilícitas, en alrededor de US$ 50 millones en el año 2025.

Agregó que, a pesar de estos obstáculos, los resultados alcanzados por las juezas y jueces especializados, así como por las salas de apelaciones en extinción de dominio a nivel nacional, son inobjetables y hablan por sí mismos.

Añadió que, hasta la fecha, este subsistema ha extinguido de la criminalidad un caudal económico que supera los US$ 215 millones —equivalentes a más de S/ 735 millones—, producto del delito y gracias a la firmeza del subsistema, los activos son reconvertidos en favor del Estado para ser invertidos en escuelas, hospitales, infraestructura y herramientas que fortalezcan la seguridad de la ciudadanía.

Por su parte, el coordinador nacional del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, juez supremo titular Manuel Luján Túpez, expresó su reconocimiento a los expresidentes del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, José Lecaros Cornejo, Elvia Barrios Alvarado y Javier Arévalo Vela, por el apoyo brindado desde su creación hasta ahora.

De manera especial resaltó el respaldo de la actual Presidenta del Poder Judicial, con quien se ha alcanzado uno de los hitos más trascendentes de este subsistema: la permanencia de 24 órganos jurisdiccionales especializados, con la expectativa de incorporar otro en Pataz (La Libertad), así como por la asignación de recursos para la implementación de otros nueve.

Asimismo, agradeció a la embajada de Estados Unidos, a la Unión Europea, al Consejo Consultivo de la Unión Europea, a los miembros del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea (PAcCTO 2.0), y expertos internacionales que brindaron su valioso apoyo.

 FOTO PODER JUDICIAL