El 14 de mayo congresistas de diversas bancadas parlamentarias presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para responder un pliego interpelatorio de 20 preguntas respecto de las acciones, decisiones, políticas y medidas adoptadas por su sector en el ejercicio de sus funciones, relacionadas con la suscripción del Acuerdo de Profundización Económico Comercial Perú-Brasil.

Los congresistas refieren que, el Perú y los Estados Parte del MERCOSUR suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica N.° 58. en adelante ACE 58. el cual entró en vigencia con Argentina, Brasil y Uruguay en 2006, y con Paraguay el mismo año, constituyendo el marco jurídico para la relación comercial de bienes entre el Perú y los Estados Parte del MERCOSUR.

Afirman que, el Acuerdo de Profundización Económico Comercial Perú-Brasil no constituye una simple reiteración del ACE 58, sino un instrumento complementario y estratégico destinado a modernizar la relación bilateral, otorgar mayor previsibilidad jurídica, facilitar inversiones, promover el comercio de servicios, abrir oportunidades en materia de contratación pública y generar condiciones institucionales más favorables para la integración económica entre ambos países.

Remarcan que, según la información brindada por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, en la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, el Acuerdo de Profundización Económico Comercial Perú-Brasil, suscrito en 2016, aún no ha entrado en vigencia, pese a haber sido ratificado por el Senado de la República Federativa del Brasil en 2017; situación que evidencia que el Estado peruano no ha culminado, hasta la fecha, su procedimiento interno de ratificación, manteniendo dicho instrumento internacional pendiente por un período cercano a diez años, sin que exista una explicación pública, completa, suficiente ni técnicamente verificable que justifique tal demora.

Dicha situación reviste especial preocupación institucional, considerando que han transcurrido cerca de diez años desde la suscripción del referido Acuerdo, además de aproximadamente nueve años desde su ratificación por parte de Brasil, sin que el Estado haya adoptado una decisión definitiva respecto de su aprobación, rechazo, actualización o remisión al Congreso de la República para el trámite constitucional correspondiente.

Por tanto, corresponde que el ministro de Comercio Exterior y Turismo explique ante la representación nacional cuál es el fundamento técnico, jurídico o político por el cual la cartera a su cargo no ha remitido el referido Acuerdo celebrado con la República Federativa del Brasil. Asimismo, de corresponder, deberá precisar por qué el eventual protocolo complementario habría sido considerado como condición previa para la culminación del procedimiento interno en el Perú, pese a que el Acuerdo ya fue ratificado por el Congreso brasileño, pudiendo dicho instrumento adicional ser incorporado posteriormente, sin afectar los compromisos bilaterales asumidos hace más de nueve años.

Los congresistas puntualizan que el propio Acuerdo de Profundización Económico Comercial contiene disposiciones vinculadas a la prevención y lucha contra la corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, exclusión de protección para inversiones ilícitas, potestades regulatorias del Estado e inhabilitación de proveedores, por lo que resulta indispensable que el MINCETUR detalle cuáles son, de manera específica, los vacíos normativos concretos que justificaría mantener paralizado el instrumento en cuestión.