El 17 de abril del 2026 la regidora provincial, Roció Mango, presentó una denuncia penal ante el Fiscal Provincial Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa contra el alcalde provincial, Victor Rivera, la gerenta de Transportes, Milagros Chirinos Rosas y los que resulten responsables en calidad de autores, coautores o cómplices de todos los niveles intervinientes como miembros de las juntas de operadores y representantes de las empresas concesionarias del SIT que suscribieron el Acta del 24 de marzo del 2026.

Mangó imputa a Rivera Chirinos cuatro delitos como, colusión agravada (art. 384 Código Penal), Negociación Incompatible (art. 399 del Código Penal), Usurpación de Funciones (art. 361 del Código Penal) y Omisión de Actos Funcionales (art. 377 del Código Penal).

La regidora afirma que todos los actos ilegales de los imputados fueron en agravio de la Municipalidad Provincial de Arequipa y en perjuicio directo de la calidad de vida, la economía, la seguridad y la dignidad de más de un millón de ciudadanos arequipeños a quienes se les ha secuestrado su derecho constitucional a un servicio público de primera necesidad sometiéndolos a un sistema de transporte denigrante, caótico, letal y económicamente abusivo.

La denunciante señala que hubo un pacto colusorio, sistemático y despiadado que atenta contra la subsistencia de sectores sociales más vulnerables de Arequipa y que nunca se ha visto un incremento abrupto del 30% de 1 sol a 1 sol con treinta centavos en una sola alza sin mediar ninguna mejora de contraprestacion de los transportistas.

En los fundamentos de hecho, la denunciante sostiene que hubo un concierto materializado en el “acta de cierre de trato directo”, ya que los denunciados intervinieron directamente en la fase de ejecución del contrato de concesión del SIT cuando era su debe proteger los intereses de los ciudadanos.

Afirma que hubo fraude a la Ley de Asociaciones Público Privadas, la inversión del Procedimiento y la “trampa de la perpetuidad”, ya que se transgredió la Ley 32441 ya que es imposible un alza de tarifas mediante un “acta” y dejar la formalidad de la Adenda para después, pero también se autorizó cobro inmediato a la población evadiendo la opinión favorable del MEFC y la Contraloría según el Reglamento 143 de las APPs. Agrega que en el acta hay dolo, ya que establece que, si no se firma la adenda en seis meses, las partes irán al arbitraje por lo que el acuerdo de trato directo mantendrá su vigencia hasta el laudo definitivo, sabiendo que los arbitrajes duran años, por lo que se ha hipotecado a los ciudadanos a pagar un pasaje producto de la extorsión.

Afirma asimismo que se ha privado a la ciudad una inversión de 160 millones de dólares y la destrucción de los estándares de calidad y seguridad, pero también los denunciados han avalado la impunidad ya que de acuerdo al anexo 06 de las bases y formulario 14 del cronograma de incorporación de vehículos nuevos según el contrato de concesión los transportistas debían comprar 1,749 buses nuevos en seis años de concesión para cubrir las unidades de negocio para las troncales y alimentadoras que no lo han hecho.

La regidora agrega que había imposibilidad contractual absoluta para subir el pasaje, ya que de acuerdo a la clausula 59.2 durante la fase preoperativa en las rutas no implementadas con flota renovada la tarifa será la misma vigente a la actualidad. Remarca que la farsa del “equilibrio económico” es un pretexto falaz esgrimido por los denunciados en su comunicado para justificar esta traición fue para proteger una flota de transportes chatarra.

Remarca que la gerenta de Transporte no posee ninguna autoridad legal, técnica ni contractual para fijar, ajustar tarifas o negociar regímenes económicos ya que su función según el contrato es de supervisión y de fiscalización. Afirma que se ha violado la Ley APPs 32441 ya que el SIT está regulado por dicha norma legal por lo que modificar las reglas económicas de una APPs no se puede hacer en una reunión informal que exige tramitar una adenda por mandato legal.

Asimismo, señala que el alcalde y sus funcionarios, se han negado de manera rotunda, dolosa y reiterada de sancionar, ejecutar fianzas y resolver los contratos a pesar que los concesionarios han incurrido en múltiples y flagrantes causales de caducidad, permitiendo las autoridades municipales que 38 obligaciones contractuales sean incumplidas por los transportistas de Arequipa.

La regidora Mango solicita al Fiscal Penal admita a trámite su denuncia penal y disponga el inició inmediato de las diligencias preliminares dada la inmensa gravedad, el impacto económico y la conmoción social del caso. Asimismo, ordene la incautación, exhibición y requerimiento de toda la documentación vinculada al acta de tracto directo en las oficinas de la Municipalidad Provincial de Arequipa y citar de grado o fuerza a los funcionarios denunciados para que respondan ante la justicia por la ignonimia a la que han sometido a los ciudadanos de Arequipa.

Foto Radio San Martin