La afirmación de que los extremos terminan pareciéndose agarra carne muy concretamente en el caso del Congreso peruano, donde se plasma en los casos de dos organizaciones políticas supuestamente ubicadas en las antípodas. Me refiero al fujimorismo y al cerronismo, representados en los partidos políticos –por llamarlos de algún modo- Fuerza Popular y Perú Libre, respectivamente.

No por nada comparten el control de la Mesa Directiva del Congreso. Sus semejanzas se manifiestan en otros aspectos.

Frecuentemente, las prácticas y pautas de captura del Estado han estado asociadas con las organizaciones política de derecha por su directa relación, vía financiamiento político o de campañas, con la gran empresa, las élites económicas y los grupos de interés con capacidad de realizar aportes económicos con los cuales filtrar sus objetivos sobre las políticas y decisiones públicas.

Es de sobra conocido que, en dicha pauta, el fujimorismo, Fuerza Popular, destaca notablemente. En el libro El dinero de la democracia. Quién financia los partidos políticos, Francisco Durand y yo analizamos los millonarios aportes que el fujimorismo recibió de algunos de los principales grupos económicos presentes en el Perú.

Por otro lado, diversas revelaciones e investigaciones han echado luces sobre cómo el fujimorismo ha devuelto los favores, muy claramente, por ejemplo, en su oposición a la aprobación de la reglamentación del dispositivo que puso en vigor los octágonos de advertencia nutricional para que los consumidores contaran con más información en la adquisición de los productos de su preferencia.

Sin embargo, la evidencia nos ha mostrado que las prácticas de captura del Estado también pueden ser perpetradas por organizaciones que, en el discurso, formulen propuestas de izquierda, pero cuyas decisiones, prácticas y votos se alinean o se hacen indistinguibles, en los hechos, de las organizaciones de las que se encuentran supuestamente distantes.

Es en ese aspecto en el que el fujimorismo y el cerronismo se asemejan hasta casi fundirse. De ahí que sea válido hablar de un fujicerronismo.

Un ejemplo particularmente elocuente de esta convergencia es el proceso de debilitamiento institucional y captura regulatoria de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Si en el caso del fujimorismo hemos observado prácticas de captura vinculadas con la defensa de intereses corporativos empresariales, como ocurrió en la resistencia a la implementación de los octágonos nutricionales, en el caso de Perú Libre el patrón se manifiesta en la defensa activa de intereses universitarios particulares vinculados con redes familiares y políticas.

El caso de la Universidad Peruana del Centro (UPECEN) resulta ilustrativo. Esta universidad, controlada por la familia León Untiveros, fue una de las principales impulsoras de la contrarreforma universitaria y mantuvo una intensa agenda de lobby parlamentario. Miembros de dicha familia sostuvieron decenas de reuniones con congresistas, siendo el grupo parlamentario más visitado Perú Libre y, en particular, el congresista Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón y vocero de la bancada.

La familia promotora de la UPECEN mantiene vínculos históricos con la familia Cerrón. Paul León Untiveros no solo fue candidato al Congreso por Perú Libre, sino que es militante del partido desde 2016 y ha realizado aportes económicos a la organización política. La relación, por tanto, es orgánica y política.

La captura regulatoria se configura cuando un actor con intereses logra influir decisivamente sobre el regulador de su sector, modificando las reglas del juego en su beneficio. En este caso, la ofensiva legislativa impulsada desde el Congreso, con protagonismo claro de Perú Libre, buscó debilitar la autonomía técnica de SUNEDU, alterar la composición de su Consejo Directivo y revertir estándares de calidad previamente establecidos por la reforma universitaria de 2014.

Los datos hablan por sí mismos: Perú Libre fue la bancada que presentó el mayor número de proyectos de ley para crear universidades (47 iniciativas), muchas de ellas sin respaldo técnico del Ministerio de Educación ni del MEF. Paralelamente, impulsó la recomposición del Consejo Directivo de SUNEDU para reincorporar a representantes de universidades, es decir, de los mismos sujetos regulados, en el órgano regulador, desnaturalizando el principio de independencia técnica.

El resultado fue tangible. En julio de 2024, la SUNEDU otorgó licenciamiento a la Universidad Peruana del Centro, pese a que previamente le había sido denegada la licencia institucional. Diversos reportajes periodísticos evidenciaron los vínculos entre la universidad, la familia Cerrón y Perú Libre, así como el contexto político en el que se produjo la decisión. Lo que antes había sido considerado insuficiente en términos de condiciones básicas de calidad terminó siendo reconsiderado en un nuevo escenario institucional, posterior al debilitamiento de la reforma.

Este caso muestra con claridad que la captura del Estado no es una pauta de influencia y cooptación de patrimonio exclusivo de la derecha económica tradicional. También puede operar desde redes político-familiares que, bajo un discurso anti élite o popular, reproducen lógicas de apropiación de instituciones públicas para beneficiar a actores específicos.

En términos analíticos, lo que observamos es una mutación del patrón clásico de captura: ya no necesariamente mediada por grandes conglomerados corporativos, sino por grupos familiares-universitarios con inserción partidaria directa. La universidad regulada realiza lobby intensivo; el partido político aliado impulsa reformas legales que debilitan al regulador; y, finalmente, el regulador reconfigurado adopta decisiones favorables al grupo interesado.

Este circuito —lobby, reforma normativa, recomposición del regulador y decisión administrativa favorable– constituye un caso de manual de captura regulatoria perpetrada por quienes se llenan de expresiones presuntamente revolucionarias.

Así, el llamado fujicerronismo ya no es solo un recurso retórico para describir coincidencias parlamentarias episódicas. Se ha convertido en una práctica política verificable. La elección de José Balcázar como nuevo presidente del Congreso y, por extensión, presidente de la República en la línea de sucesión, no puede explicarse sin el apoyo decisivo del fujimorismo y de otras organizaciones satélites que conforman el actual pacto de poder parlamentario.

Perú Libre, por sí solo, no contaba con los votos suficientes para imponer a su candidato. El respaldo, viabilizado además mediante voto secreto, revela que las fronteras ideológicas se diluyen cuando están en juego posiciones estratégicas de control institucional.

En ese punto, la convergencia no es solo discursiva sino estructural. Fujimorismo y cerronismo, junto con fuerzas afines, operan como nodos de redes de poder que buscan preservar influencias sobre órganos clave del Estado: la Mesa Directiva del Congreso, la configuración de organismos constitucionalmente autónomos, la producción legislativa y, en casos como el de la SUNEDU, la orientación de decisiones administrativas con impacto directo sobre actores específicos.

Entonces, lo que observamos del modo más claro es la cristalización de un bloque parlamentario que, más allá de sus diferencias discursivas, actúa coordinadamente cuando se trata de asegurar poder y control institucional. Las etiquetas ideológicas izquierda y derecha pierden todo significado y centralidad frente a las prácticas efectivas de captura y reconfiguración cooptada del Estado.

En ese sentido, los extremos no solo terminan pareciéndose: terminan gobernando y complementándole juntos.

Emilio Salcedo Tapia – Sociólogo PUCP, investigador y analista. IDEHPUCP

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