La Sala Plena de la Corte Suprema de la República, que preside la magistrada Janet Tello Gilardi, dispuso la conformación de una comisión de alto nivel que estará encargada de analizar, evaluar e impulsar una reforma integral del sistema de justicia.

Tello, afirmó que, ante las modificaciones o intentos de reforma externa, este órgano de alta dirección y deliberación consideró pertinente trabajar en un proyecto estructural que responda a los desafíos y realidad que afrontan los usuarios del servicio de justicia y la sociedad en general.

Remarcó que el Artículo 138 de la Constitución Política del Estado, el cual señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a nuestra Carta Magna y a las leyes. En tanto que el Artículo 139 del referido cuerpo constitucional señala que este poder del Estado es único, exclusivo e independiente en su función jurisdiccional.

La comisión estará presidida por la propia Tello Gilardi e integrado, además, por los jueces supremos Carlos Giovani Arias Lazarte, Aldo Martín Figueroa Navarro, Wílber Bustamante del Castillo y Ramiro Antonio Bustamante Zegarra.

Entre las tareas encargadas al mencionado grupo de alto nivel figuran la de elaborar una propuesta sobre la modificación y actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De acuerdo a la resolución corrida N° 000001-2026-SP-CS-PJ-2026-SP-CS-PJ, se dispone que el Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema brinde el apoyo técnico correspondiente.

Según el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República es el órgano supremo de deliberación del Poder Judicial que, entre otros asuntos, decide sobre la marcha institucional de este poder del Estado.

La disposición de conformación de la mencionada comisión se dio tras el debate respectivo y en consideración al Acuerdo N° 4-2026 de la Primera Sesión Extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema, y de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Comentario del tema

Me parece oportuna y necesaria la conformación de la comisión, ya que la congresista Maria del Carmen Alva, presidenta de la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria Encargada de Estudiar y Presentar una Propuesta de Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú del Congreso, el 05 de diciembre del 2025, aprobó por unanimidad, el Informe Final Etapa 1, el mismo que contiene el proyecto de ley de reforma constitucional, donde propone modificaciones de varios artículos de la Carta Magna, referidas al Sistema de Administración de Justicia del país.

Entre las modificaciones, propone que el periodo del presidente de la Corte Suprema sea de tres años y prorrogable por dos años más, se crea la Escuela Nacional de Justicia en reemplazo de la Junta Nacional de Justicia, no procede el control difuso de constitucionalidad de las leyes en sede militar ni en sede arbitral, cualquiera sea su modalidad, no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las de la Escuela Nacional de Justicia en materia de evaluación y nombramiento de jueces y fiscales y el presupuesto del Poder Judicial no puede ser menor al 4% del total del Presupuesto General de la República, aprobado por el Poder Legislativo, etc.

Pese al tiempo transcurrido de dos meses de dichas propuestas, no hay un pronunciamiento de las instituciones relacionadas a la administración de justicia lo que es preocupante. El Ministerio Público, a través del Fiscal de la Nación, conformó una comisión que presentará un proyecto de ley para reformar la ley orgánica de dicho organismo constitucional autónomo, por lo que era oportuno que el Poder Judicial haga lo mismo, ya que ambas instituciones tienen iniciativa legislativa por mandato constitucional y hace mucho tiempo debieron haber presentado propuestas de auto reforma institucional.

Sin embargo, en la conformación de la Comisión de Alto Nivel que ha conformado la presidenta Tello del Poder Judicial, me parece incompleta su conformación ya que está conformado solo por cinco jueces supremos, ignorándose a los representantes de los jueces superiores y jueces especializados, lo que considero centralista y antidemocrático.

Uno error en la estructura del Poder Judicial, es que, para la elección del presidente de la Corte Suprema, solo intervienen los 20 jueces supremos, cuando deberían intervenir todos los jueces superiores y jueces especializados del país que conforman dicho poder estatal. Pareciera que dicho poder estatal no ha evolucionado y se asemeja a un cuartel, donde el General y el Estado Mayor son los que mandan y los demás los soldados deben acatar las disposiciones emanadas, lo que quita legitimidad que surge de las ánforas a quien representa al Poder Judicial ante el Estado y la Sociedad.

Esa postura clásica data del siglo pasado y debería reformularse, entre otros aspectos en la actual ley orgánica del Poder Judicial. Esperamos que la comisión conformada se reformule y programe audiencias publicas donde se escuche a los Colegios de Abogados, representantes de las Facultades de Derecho de las Universidades y de la Sociedad Civil, no solo para que formulen críticas, sino aportes para mejorar la administración de justicia de país que es un servicio público especializado que requiere con urgencia reformas consensuadas y no solo es potestad exclusiva de los abogados.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

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