La congresista Norma Yarrow, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto modificar la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para eliminar el financiamiento público a favor partidos políticos y/o alianzas electorales, con la finalidad de que los recursos públicos sean destinados al financiamiento de servicios esenciales a favor de la población en general.

Yarrow, propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas, con el propósito de eliminar el financiamiento público directo e indirecto a las organizaciones políticas y modificar el artículo 36-D de la Ley Nº 26859, Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, con la siguiente redacción: “Artículo 36-D.- Sanciones a personas jurídicas diferentes a las organizaciones políticas. Si una persona jurídica incumpliendo el artículo 31 de la presente ley aporta, de manera directa o indirecta, a una organización política, incurre en infracción grave. Si una entidad pública o privada no entrega la información solicitada por la ONPE de conformidad con el art. 34 de la Ley, incurre en infracción grave”.

En la exposición de motivos, el proyecto de ley de Yarrow, afirma que existen datos objetivos o evidencia (denuncias periodísticas) de un uso irregular para cambiar la estructura actual de la política pública en términos del interés general, que impide o limita optimizar el uso de los recursos del Estado y la necesidad de preservar la legitimidad de la democracia porque el presupuesto público y la franja electoral, que en su concepción inicial eran utilizados en forma de instrumentos de equidad y de transparencia, hoy en día han comenzado a utilizarse en otro contexto, un contexto de constantes denuncias sobre la dirección de fondos públicos, así como por protestas públicas que han llegado incluso a dar lugar a la intervención de organismos públicos del Estado.

En este contexto, el propósito de mantener el modelo existente no solo nos expone a riesgos de ineficacia, conflicto de interés y mala utilización de los recursos públicos, sino que además puede implicar un debilitamiento de la confianza ciudadana en los procesos electorales, haciendo razonable y necesario que se impulse una reforma normativa orientada a evitar abusos, a cerrar lagunas jurídicas y a garantizar que los gastos públicos no sean utilizados para beneficio de intereses particulares, teniendo regulado en la actualidad una política en materia electoral pensada con fines estrictamente democráticos, pero que en su ejecución e implementación, se tiene precisado distorsiones que lo alejan de sus nobles objetivos.