Donald Trump quiere anexionar Groenlandia a Estados Unidos. La isla ártica, situada a apenas 26 kilómetros de Canadá y donde ya existe una base militar estadounidense, es un territorio autónomo dentro de Dinamarca, pero es clave para la visión estratégica del magnate.

Tanto es así que el presidente ha nombrado, por primera vez, un enviado especial para Groenlandia, el gobernador republicano de Luisiana Jeff Landry.

El interés por Groenlandia no es nuevo. En 2019 Trump ya sugirió comprar la isla a Dinamarca. Mucho antes, en 1941, Estados Unidos la ocupó brevemente durante la Segunda Guerra Mundial. También intentó comprarla en 1947, tras el fin del conflicto, evidenciando ya entonces su valor estratégico en términos de defensa, control del Atlántico Norte y proyección ártica en plena Guerra Fría.

La intervención militar estadounidense en Venezuela a comienzos de 2026, así como las declaraciones contra Panamá respecto al control del canal o incluso las amenazas sobre la necesidad de que Canadá se convierta en el “Estado número 51”, junto con sus aspiraciones árticas, forman parte de una misma estrategia: consolidar el dominio de Washington sobre su zona de influencia directa, reafirmar su liderazgo hemisférico frente a rivales geopolíticos y reconstruir una esfera de poder en América que remite, tanto en forma como en ambición, a los principios de la vieja Doctrina Monroe, reinterpretados para los desafíos geopolíticos de 2026 ante China y Rusia.

Si la Administración Trump decide finalmente dar un paso adelante, estos son los cuatro los escenarios que se plantean para Groenlandia: la compra del territorio, el apoyo al independentismo groenlandés como vía indirecta de influencia, la presión diplomática y económica para ampliar la presencia estadounidense, o, en última instancia, una intervención militar directa.

“Comprar” Groenlandia

La compra de territorios no ha sido inusual en las relaciones internacionales: Estados Unidos adquirió Luisiana a Francia en 1803 y Alaska a Rusia en 1867 en operaciones que, aunque hoy parecen anacrónicas, respondieron a acciones diplomáticas aceptadas en su tiempo. Sin embargo, estas prácticas han quedado obsoletas, y la soberanía territorial no puede transferirse simplemente como contraprestación económica, sino que está regida por principios como la autodeterminación de los pueblos y requiere atender a procedimientos constitucionales y tratados internacionales.

Pese a ello, la idea ha vuelto a emerger recientemente en Washington. En una sesión informativa del Congreso centrada inicialmente en Venezuela, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó a comienzos de enero que el presidente Donald Trump planea intentar “comprar” Groenlandia en lugar de invadirla, y que ha pedido a sus asesores un plan actualizado para explorar esa vía. Dinamarca ya rechazó de pleno esa propuesta en el anterior mandato de Trump, recordando que Groenlandia “no está en venta”.

Por otra parte, los propios groenlandeses tampoco tienen interés en formar parte de Estados Unidos. En una encuesta realizada a principios de 2025, el 85% rechazaba abandonar el Reino de Dinamarca para integrarse en EE. UU.

En cualquier caso, para que Dinamarca cediera Groenlandia a Estados Unidos de forma legítima tendrían que coincidir varios factores: el acuerdo explícito del Gobierno danés, el consentimiento del pueblo groenlandés —lo que probablemente requeriría un referéndum previo— y un tratado internacional de cesión debidamente ratificado por ambos Estados. Además, para el caso danés sería necesaria una enmienda constitucional.

Más allá del ruido político, la viabilidad real de una operación de este tipo es muy limitada. Como señalaba Ulrik Pram Gad, profesor de la Universidad de Aalborg y exfuncionario del Gobierno groenlandés en 2019, cualquier hipotética “compra” solo sería posible mediante una oferta tan desproporcionada en términos económicos que Groenlandia no pudiera rechazar. Una afirmación que apunta menos a una transacción territorial clásica y más a una relación de dependencia económica.

Favorecer la independencia

Un segundo escenario para satisfacer los intereses de Washington sería apoyar el independentismo groenlandés para poder negociar, una vez lograda la independencia, una anexión o asociación directa con el Gobierno de la isla.

Así, cualquier proceso de incorporación por referéndum a EE.UU. pasaría primero por separarse de Dinamarca. Solo después de declararse independientes podrían negociar directamente un estatus especial con Washington.

En la misma encuesta en la que rechazaban ser parte de Estados Unidos, el 56% de los groenlandeses sí apoyaban la independencia.

La amenaza de intervención estadounidense y el avivamiento de las aspiraciones independentistas podrían presionar a Dinamarca para organizar un referéndum de independencia en Groenlandia, que está previsto desde 2009 en la constitución del país.

Sin embargo, una integración en Estados Unidos no es tan sencilla: si una Groenlandia independiente decidiera que quiere convertirse en un estado de Estados Unidos, algo que no desean la mayoría de groenlandeses, la decisión no es de Trump, sino del Congreso, que decidiría tanto la aceptación del territorio como su representación en el Senado y la Cámara de Representantes. Territorios como Puerto Rico aún no tienen representación, lo que complica la incorporación directa de Groenlandia como estado.

Lo más realista sería un acuerdo de asociación, al estilo del de las Islas Marshall o de Palau, que combine autonomía política con vínculos estratégicos y económicos con EE.UU.

En esa línea fueron las recientes declaraciones de Jeff Laundry, el enviado especial nombrado por Trump a la CNBC. En su intervención, el político disipaba rumores sobre la invasión y apuntaba a una Groenlandia independiente con estrechos vínculos económicos con Estados Unidos como el mejor escenario para los intereses de Washington.

Pero el camino hacia la independencia pasa inevitablemente por renunciar a la financiación anual procedente de Dinamarca. La isla es un territorio inhóspito y altamente dependiente del apoyo económico danés, por lo que la secesión implica un desafío adicional. Actualmente, los subsidios desde Copenhague ascienden a unos 600 millones de euros anuales, una cifra equivalente a aproximadamente un 20% del PIB groenlandés.

Si EE. UU. reemplazará el apoyo económico de Dinamarca, la independencia podría ganar aún más apoyo entre los groenlandeses. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance ya apuntó a esta posibilidad en marzo de 2025 durante una vista a la isla, cuando remarcó el derecho de autodeterminación de los groenlandeses y a la posibilidad de una Groenlandia independiente apoyada por Washington, aunque fue recibido con frialdad.

“Chantajear” a Europa para ampliar la presencia de EE.UU.

Sin embargo, el camino hacia la independencia es largo y podría no ajustarse a las demandas del presidente. Por ello, otro de los escenarios es ejercer una negociación dura contra Europa, supeditando la defensa de Ucrania o incluso del continente a una mayor presencia y libertad de uso de Groenlandia para Estados Unidos.

La administración Trump es consciente de su ventaja de negociación frente a los países europeos y de la profunda dependencia que el continente sigue manteniendo con la alianza transatlántica. Tal y como señaló Stephen Miller, jefe adjunto de personal y asesor de seguridad nacional del presidente Trump y una de las voces más radicales del partido, “nadie [En Europa] va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”.

Esta falta de credibilidad de los países europeos, junto con el hecho de que no es la primera vez que el presidente emplea la fuerza, dejan a EE.UU. con una ventaja estratégica para lograr sus objetivos mediante el chantaje.

Así, Washington podría ofrecer mayor ayuda militar, recursos de defensa y apoyo político a Kiev a cambio de una presencia estadounidense más robusta en Groenlandia. Mediante un acuerdo que aborde estas necesidades vitales de seguridad para la Unión Europea se podría persuadir a Dinamarca y a sus aliados europeos para que suavicen su postura frente a las ambiciones expansionistas estadounidenses en el territorio. Como contrapartida de esta negociación, Estados Unidos obtendría más bases militares, una cooperación bilateral directa entre Groenlandia y Washington o un uso casi ilimitado de la isla para fines estratégicos bajo la premisa de mantener y aumentar el apoyo vital prestado en la guerra en Ucrania.

En este sentido, es cierto que en principio Trump no enfrentaría grandes obstáculos si solo quisiera ampliar su presencia militar. Un acuerdo de defensa firmado con Dinamarca en 1951 concede a la potencia norteamericana una amplia libertad para incrementar el número de efectivos en la base de Pituffik, en el noroeste de la isla, sin necesidad de una autorización formal previa de Dinamarca. Además, Dinamarca está abierta a negociar nuevas bases americanas en el territorio y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, se ha mostrado favorable a un mayor despliegue estadounidense en la isla.

Explotar las vulnerabilidades de otras naciones mediante el chantaje ha sido una marca distintiva de la administración Trump. Por ejemplo, se emplearon tácticas similares para influir en las elecciones legislativas en Argentina en octubre de 2025, cuando Donald Trump prometió ayuda financiera al país a condición de una victoria del partido del presidente argentino, Javier Milei. Asimismo, el gobierno colombiano liderado por Gustavo Petro ha sido objeto de advertencias directas del presidente estadounidense, quien en los últimos días ha sugerido incluso la posibilidad de una acción militar contra Colombia tras lo sucedido en Venezuela.

El escenario menos probable: una invasión militar en Groenlandia

En caso de que los escenarios anteriores se prolonguen o las presiones no surtan efecto, Trump podría verse tentado de tomar Groenlandia por la fuerza para satisfacer sus intereses estratégicos y económicos.

Aunque una invasión es improbable, no se descarta dentro de la Administración Trump. Sería muy fácil en el plano militar: cuenta con una base aérea en el noroeste de la isla —la de Pituffik— y una superioridad indudable frente a las fuerzas danesas encargadas de la defensa militar de la isla autónoma. Además, la escasa población facilitaría una toma rápida del territorio.

Sin embargo, en el plano político las consecuencias serían gravísimas. Haría prácticamente insostenible la OTAN y sería la confirmación del fin definitivo de la arquitectura internacional construida tras el fin de la II Guerra Mundial.

Jurídicamente, una invasión estadounidense de Groenlandia y la invasión rusa de Ucrania en 2022 constituyen actos de agresión equivalentes en derecho internacional. Sin embargo, la invasión de Groenlandia tendría un impacto más complejo y disruptivo, al producirse entre aliados vinculados por tratados de defensa en vigor y por una alianza militar colectiva. Además de una flagrante violación de derecho internacional e interno estadounidense, implica el quebrantamiento de los mecanismos de seguridad euroatlánticos, y en última instancia, del bloque occidental.

Más allá de eso, una ocupación que se prolongara más de 60 días requeriría formalmente el respaldo del Congreso estadounidense, que ha mostrado malestar por el ataque sobre Venezuela y por las amenazas sobre Groenlandia. Sin embargo, hasta las elecciones de mitad de mandato de noviembre, ese control parlamentario tendrá un impacto muy limitado: los republicanos tienen mayoría y Trump ha demostrado que, en la práctica, la posición de la cámara pesa poco en su toma de decisiones. Será tras las midterms cuando su margen político para este tipo de iniciativas se vea realmente reforzado o debilitado.

En cualquier caso, una invasión directa sería un acto demasiado arriesgado incluso para la Administración Trump. No solo generaría resistencias internas, sino que chocaría con su estrategia declarada de repliegue hemisférico al abrir un frente directo con una Unión Europea convertida en adversario estructural, lo que aumentaría —y no reduciría— la implicación internacional de Estados Unidos fuera de su hemisferio.

Trump buscará, previsiblemente, una posición privilegiada en la isla mediante presión política, económica y estratégica, utilizando otros expedientes de seguridad europeos como moneda de cambio.

Celia Hernando – Master en Geopolítica por la UC3M – El Orden Mundial