La congresista Kelly Portalatino, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto fomentar el empleo a los jóvenes, en el sector público y privado a nivel nacional, implementando cuotas de empleo en las entidades públicas y empresas privadas, con la finalidad de garantizar la inserción laboral de los jóvenes en el país.

La propuesta busca mejorar e incrementar la oferta laboral en beneficio de los jóvenes, reduciendo la brecha del desempleo juvenil y se aplica de manera obligatoria a las distintas entidades públicas y a las empresas privada que tengan más de 30 trabajadores a nivel nacional.

Antes de realizar cualquier convocatoria, las entidades públicas y las empresas privadas con más de 30 trabajadores, deben verificar que cumplan mínimamente con el 15% de empleo para jóvenes de 18 a 29 años, la misma que deberá estar acreditada con su Documento Nacional de Identidad. La penalización por el incumplimiento de la contratación mínima del 15% de jóvenes por parte de las entidades pública y las empresas privadas, se regirá por la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

En la exposición de motivos la congresista Portalatino, sostiene que el mercado laboral juvenil en el Perú enfrenta altas tasas de desempleo e informalidad, con un incremento en la inactividad y el subempleo. La limitada creación de empleo formal y el escaso acceso a educación y capacitación de calidad mantienen a la mayoría de los jóvenes en condiciones laborales precarias.

Refiere que, en el 2022, la informalidad juvenil alcanzó el 76.7%, mayor que la de los adultos (68.1%) esto significa que más de 260 mil jóvenes ingresaron a la informalidad en los últimos cuatro años. La PEA juvenil fue de 235,271 jóvenes (65.4% de la población juvenil). De ellos, 214,553 estaban ocupados y 20,718 desocupados. La tasa de desempleo juvenil fue 8.8%, más alta en mujeres (9.0%) que en hombres (8.7%). El subempleo afectó al 61.3% y solo el 29.9% accedió a un empleo adecuado.

La iniciativa busca ofrecer oportunidades reales de inserción laboral a este grupo etario, que suele enfrentar obstáculos por la falta de experiencia y establece mecanismos de supervisión y sanciones en caso de incumplimiento, respaldados por la Ley General de Inspección del Trabajo.

Portalatino señala que, para garantizar transparencia, las vacantes destinadas a jóvenes serán cubiertas mediante concursos públicos con criterios meritocráticos e incentivos para quienes destaquen. Su implementación permitirá eliminar exigencias desproporcionadas de experiencia, reducir la informalidad y promover el desarrollo de capacidades en los nuevos profesionales, contribuyendo a una transición laboral más justa.