PRONUNCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE JUECES PARA LA JUSTICIA Y DEMOCRACIA

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, que preside el juez, Dr. Luis Madariaga, en ejercicio de la facultad de expresarnos en defensa de los derechos humanos y el Estado Constitucional de Derecho, ante las expresiones vertidas por el presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi y el reciente oficio cursado a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, ante la opinión pública y comunidad jurídica, señalamos lo siguiente:

Expresamos nuestro firme rechazo a dichas manifestaciones y actuaciones por constituir una grave vulneración a la independencia de la función jurisdiccional, al pretender condicionar el sentido de las decisiones judiciales bajo amenaza de denuncia penal, procedimiento disciplinario o destitución, quebrantando de manera directa el principio de separación y equilibrio de poderes propio del Estado Constitucional de Derecho. Esta injerencia resulta particularmente grave al provenir del presidente del Poder Legislativo, órgano llamado a respetar los limites constitucionales de su competencia y no interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Resulta inadmisible que se intente limitar el ejercicio de la función jurisdiccional a una concepción formalista, desfasada y antidemocrática, que desconoce el deber constitucional de jueces y juezas de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad, a fin de verificar la compatibilidad de las normas legales con la Constitución y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Los jueces no somos meros ejecutores acríticos de la ley.

Debe recordarse que toda ley, independientemente que haya sido declarada valida o no se haya emitido un pronunciamiento de inconstitucionalidad, es susceptible de control judicial en su aplicación al caso concreto, cuando esta resulte incompatible con la Constitución, conforme lo ha precisado el propio Tribunal Constitucional en el expediente 03478-2023-PA/TC.

En tal sentido, resulta incongruente que quien encabeza el órgano encargado de producción normativa incurra, por acción u omisión, en actuaciones que evidencian un desconocimiento de los parámetros constitucionales que deben regir la función legislativa, generando una seria afectación a la institucionalidad democrática.

Exigimos que el ejercicio de la función congresal se realice con responsabilidad, idoneidad y respeto irrestricto a los principios democráticos, recurriendo al asesoramiento técnico especializado con el que cuenta el Estado, a fin de evitar la reiteración de actuaciones que contribuyen al debilitamiento de la legitimidad institucional, al deterioro de la confianza ciudadana y al descreditó de la democracia peruana en el ámbito nacional e internacional.

Expresamos nuestro respaldo institucional a la Presidenta del Poder Judicial frente a los agravios de los que viene siendo objeto por parte del referido congresista, cuando como máxima representante de un Poder del Estado constitucionalmente independiente y autónomo, defiende los fueros del Poder Judicial y exige respeto irrestricto a la independencia jurisdiccional, presupuesto esencial de la democracia.