La congresista Katy Ugarte presentó el proyecto de ley que tiene por objeto garantizar la aplicación efectiva del principio de gratuidad de la educación superior pública reconocido en la Ley Universitaria 30220, precisando que el alcance de los servicios académicos básicos gratuitos con la finalidad de asegurar que ningún estudiante sea condicionado económicamente para el acceso, permanencia y culminación de sus estudios universitarios regulares.

La finalidad de la ley es evitar cobros indebidos que condicionen o limiten el ejercicio del derecho educativo y prohíbe a las universidades establecer cobros adicionales que restrinjan, condicionen o desnaturalicen el principio de gratuidad de la educación superior gratuita, generando situaciones de desigualdad, discriminación, o barreras económicas, que afecten el acceso y continuidad de los estudios universitarios, y dichos cobros no podrán justificarse bajo criterios administrativos, presupuestales o interpretaciones amplias de la autonomía universitaria.

El proyecto de ley prohíbe a las universidades públicas cobros adicionales y la norma se aplica respetando la autonomía universitaria sin afectar la facultad de las universidades de regular y fijar las tasas por servicios complementarios, extraordinarios o no vinculados al proceso regular de formación. Obliga a las universidades a publicar de manera clara, accesible y actualizada su cuadro de tasas por servicios distintos a los académicos básicos garantizando informaciones transparentes a los estudiantes. La SUNEDU supervisará el cumplimiento de la ley.