La Comisión Permanente acordó aceptar la solicitud de reprogramación de la diligencia correspondiente a la Denuncia Constitucional 114 formulada contra la excongresista Mirtha Vásquez Chuquilín, en atención a los problemas de salud acreditados por la denunciada y postergó dicha decisión para el lunes 29 de diciembre.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña, informó que la exparlamentaria presentó documentación médica que sustenta su imposibilidad de asistir a la citación programada para el miércoles 17.

Entre los documentos adjuntados se encuentran un certificado médico, órdenes de exámenes, análisis clínicos y recetas, mediante los cuales solicita la reprogramación con la finalidad de garantizar su presencia y ejercer plenamente su derecho de defensa, asistida por un abogado.

Tras la evaluación correspondiente, la Comisión Permanente aceptó la solicitud y dispuso la reprogramación de la presentación de la denunciada por única vez, precisándose que se le notificará oportunamente la nueva fecha para que pueda ejercer su derecho de defensa en el marco del procedimiento parlamentario.

El tercer vicepresidente del Congreso advirtió que, de no concurrir la excongresista a la nueva sesión programada, su inasistencia será considerada injustificada por la Mesa Directiva, y el trámite de la denuncia constitucional continuará conforme a lo establecido en el literal k) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República.

Cabe recordar que la excongresista Mirtha Vásquez es denunciada en su condición de presidenta interina del Congreso de la República, por la presunta infracción del artículo 45 de la Constitución Política del Perú y por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal, al cumplirse los criterios previstos en los literales a) y c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso.

Vásquez señaló que no ha sido notificada oficialmente para el lunes 29 y tomó conocimiento de la sesión únicamente a través de las redes sociales y de comunicados públicos del Parlamento, lo que, a su juicio, evidencia una grave irregularidad en el procedimiento seguido en su contra ya que le impide ejercer una defensa adecuada como ordena la legislación vigente en el país.

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