El Congreso ha inhabilitado a la Fiscal de la Nación por 10 años, para el ejercicio de la función pública, algo que solo puede ser entendido como un asalto al Ministerio Público y la democracia. Los partidos políticos liderados por el fujimorismo y que manejan el Congreso, han dado un paso sustancial en la eliminación de mecanismos de control e investigación de delitos.

La razón que han alegado para la inhabilitación de Espinoza es inexistente, ya que el Reglamento Fiscal para la investigación del delito, de acuerdo a la Ley 32130, lo emitió Juan Villena cuando era Fiscal de la Nación y en forma consecuente Espinoza no tiene ninguna responsabilidad legal, pero eso no ha tenido ninguna relevancia para el Congreso, ya que sus miembros tenían como objetivo sacarla de la Fiscalia de la Nación.

Desde el inicio de su gestión como Fiscal de la Nación, Espinoza ha enfrentado una campaña de acoso por parte del Congreso y de intenso sometimiento a sus intereses políticos, lo cual evidentemente no ha ocurrido, ya que la fiscal ha cumplido con denunciar constitucionalmente los actos ilícitos perpetrados por un número elevado de congresistas.

Esa es la verdadera razón de la inhabilitación. Los que controlan el congreso quieren un fiscal de la nación amigable y que no perturbe su estrategia de control del poder y su alianza con los grupos criminales para los cuales han estado legislando sin parar, con leyes pro crimen e impunidad.

Ha sido una estrategia política de demolición en la cual de un lado ha intervenido la Junta Nacional de Justicia suspendiéndola arbitrariamente del cargo de Fiscal de la Nación, ante lo cual el Poder Judicial no ha tenido capacidad ni voluntad de hacer cumplir sus propias resoluciones y sentencias de restitución. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, violando la Constitución, actuando a pedido y de manera abrupta, ha decidido interferir en el proceso judicial de amparo en trámite presentado por Espinoza contra la JNJ.

Las reglas elementales del Estado de Derecho determinan que lo ocurrido en el Congreso está fuera de la ley y debe ser anulado y corregido por el sistema de justicia nacional. Si eso no ocurre, las condiciones en que enfrentaremos el proceso electoral 2026 será de absoluta inseguridad jurídica.

Editorial del Instituto de Defensa Legal

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