En sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, anunció la creación de las Superintendencias Nacionales de Internamiento y Resocialización y Defensa Pública y Acceso a la Justicia al exponer las 14 propuestas del sector para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad; así como promover el fortalecimiento institucional.

El titular del sector Justicia afirmó que la estructura organizacional del Instituto Nacional Penitenciario está desfasada y no se encuentra acorde con la realidad delictiva actual y se plantea la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización ente rector que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles.

También se plantean modificaciones al Código de Ejecución Penal para crear una etapa de extrema seguridad en el Régimen Cerrado Especial sin posibilidad de progresión para internos de peligrosidad extrema, y restringir beneficios en delitos como extorsión y homicidio calificado.

Para combatir las redes de telecomunicaciones ilegales en penales, se incorporará al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones, sancionando a quienes instalan, financian u operan estas redes.

El ministro Walter Martínez destacó medidas prioritarias contra la extorsión, entre ellas, regular la inteligencia criminal como fase preprocesal, incluir la extorsión en el catálogo de emergencias que permite levantar el secreto de comunicaciones en 24 horas, y autorizar la revisión inmediata de equipos informáticos incautados en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro. Se propone reducir de tres años a uno el plazo para destruir armas incautadas, incorporando supervisión del Ministerio Público para evitar su reingreso al mercado ilícito.

Se plantea también crear el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos, con fiscalías, juzgados y unidades policiales especializadas y los juzgados de justicia juvenil funcionarán de forma unipersonal en lugar de colegiada para agilizar procesos.

El ministro de Justicia, refirió que el aumento de delitos como sicariato y extorsión exige que la Policía Nacional despliegue sus operaciones sin interferencias y con la debida reserva. Por ello, se propone incorporar el artículo 26-A en la Ley 31061 para evitar interferencias y actos invasivos a las operaciones de la PNP de persecución del delito en los estados de emergencia.

Se plantea la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y su autonomía permitirá alcanzar altos estándares de calidad y eficiencia en los servicios, y proyectamos pasar a un mínimo de 14 defensores por cada 10,000 personas en situación de pobreza.

 Foto El Peruano