Con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional 528, que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública, al exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana y los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela.

Fue durante la tercera sesión extraordinaria del grupo de trabajo que preside la congresista Lady Camones Soriano (bancada APP). La Denuncia Constitucional fue planteada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro (bancada FP), José Cueto Aservi (bancada HyD) y Alfredo Azurín Loayza (bancada SP).

El informe, cuyo ponente delegado fue el congresista Jorge Montoya Manrique, recomienda también acusar a los magistrados por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones.

A los magistrados citados se les acusa de haber emitido la Resolución 2246-2024 del 14 de octubre del 2024, mediante la cual se aprobó un reglamento que incurrió en las siguientes trasgresiones: Violación de la Ley 32130, Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales; y, por consecuencia, haber incurrido en usurpación de funciones policiales.

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