La congresista Katy Ugarte presentó el proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer el Servicio de Inteligencia Policial mediante la reorganización de su estructura funcional, la modernización de sus procedimientos y el fortalecimiento de sus capacidades operativas, a fin de optimizar la prevención y lucha contra la criminalidad organizada para optimizar el funcionamiento del Servicio de Inteligencia Policial, dotándolo de autonomía técnica, recursos especializados y una estructura jerárquica acorde con los estándares internacionales de inteligencia criminal. Asimismo, reorganiza funcionalmente la Policía Nacional del Perú, buscando una estructura orgánica más flexible, moderna y orientada a resultados.

La congresista afirma que debe crearse el Sistema de Inteligencia Policial Integrado bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, con autonomía técnica y funcional. El SIPOLI tiene como funciones principales: a) Planificar, ejecutar y evaluar las operaciones de inteligencia e inteligencia operativa policial, b) Coordinar e intercambiar información con los demás órganos del Sistema de Inteligencia Nacional, c) Desarrollar capacidades tecnológicas, analíticas y estratégicas para la anticipación de amenazas, d) Capacitar permanentemente al personal de inteligencia policial.

Ugarte sostiene que es necesario reestructura funcionalmente a la Policía Nacional del Perú por lo que el Ministerio del Interior, a propuesta del Comando General de la PNP, aprueba mediante Decreto Supremo el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Policía Nacional del Perú, orientado a: a) Modernizar la estructura jerárquica y funcional, b) Optimizar los procesos de toma de decisiones y gestión operativa, c) Integrar tecnológicamente las direcciones policiales y servicios de inteligencia, d) Garantizar la meritocracia y la especialización del personal policial. Se suprimen o fusionan los órganos duplicados o ineficientes conforme a criterios técnicos y de evaluación de desempeño institucional.

Propone asimismo la creación del Fondo Especial de Inteligencia Policial destinado a financiar actividades de inteligencia, capacitación especializada, adquisición tecnológica y protección de la información clasificada. El fondo será administrado por la DIRIN bajo control interno y supervisión de la Contraloría General de la República.

El Servicio de Inteligencia Policial coordina con el Sistema de Inteligencia Nacional, el Ministerio Público y otras entidades competentes para el intercambio de información estratégica y la ejecución de operaciones conjuntas, respetando el marco legal vigente.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se afirma que el Perú atraviesa una crisis estructural en materia de seguridad pública, manifestada en el incremento de la criminalidad organizada, el sicariato, la extorsión, el secuestro, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas. Estas conductas delictivas no solo han aumentado en frecuencia y letalidad, sino que también han adquirido un carácter transnacional, operando mediante redes articuladas con estructura jerárquica y financiamiento ilícito. La debilidad institucional del sistema de inteligencia y la obsolescencia de la estructura policial han permitido que dichas organizaciones actúen con capacidad de infiltración y dominio territorial.

Según información oficial de la SIDPOL-PNP15, entre enero y agosto de 2025 se reportaron 18,385 denuncias por extorsión, lo que equivale a un promedio de 75 denuncias diarias a nivel nacional, además de 1,513 homicidios registrados, muchos de ellos ejecutados bajo la modalidad de sicariato. A su vez, la Fiscalía de la Nación ha recibido más de 731,000 denuncias por delitos comunes en el mismo periodo, lo que refleja una demanda judicial insostenible y una carga operativa que sobrepasa las capacidades del sistema penal.

A nivel institucional, el Servicio de Inteligencia Policial carece de un modelo organizativo moderno que le permita cumplir con los estándares técnicos de análisis estratégico y de anticipación de amenazas. Su estructura orgánica responde aún a un diseño funcional fragmentado, dependiente y burocrático, que impide la consolidación de un sistema de inteligencia verdaderamente integrado y operativo. La falta de autonomía técnica y presupuestal, la deficiencia en la interoperabilidad de bases de datos, y la ausencia de mecanismos de control interno con trazabilidad en el manejo de información clasificada, han debilitado gravemente su eficacia y su capacidad de respuesta.

La desarticulación de competencias entre los órganos de inteligencia del Estado contraviene la finalidad de la Ley N.º 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, que exige la coordinación interinstitucional bajo los principios de unidad, centralización normativa y descentralización operativa.

En la práctica, los órganos de inteligencia policial operan de manera aislada, con duplicidad de funciones, carencia de procesos estandarizados, escasa interoperabilidad con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Esta fragmentación impide el uso estratégico de la información, limita la anticipación frente a amenazas emergentes y genera una respuesta predominantemente reactiva antes que preventiva.