El Fiscal José Domingo Pérez, de conformidad con el artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, en concordancia con la Sentencia del 31 de enero de 2001, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, solicita que el congresista Alejandro Muñante se abstenga, se inhiba o se excuse del conocimiento del presente proceso parlamentario.

En los fundamentos del Fiscal Pérez, sostiene que el art. 8.1. de la Convención Americana de DDHH obliga las autoridades al deber imparcialidad, así como también la sentencia del Tribunal Constitucional 00156-2012-HC, mencionó que “debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el derecho… Esta dimensión busca eliminar dudas o temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad en aquél que va a ser juzgado. En este sentido, incluso las apariencias pueden ser determinantes”.

El Fiscal Pérez, precisa que el congresista Alejandro Muñante Barrios, del mencionado grupo parlamentario, preside la Comisión y ha tenido las siguientes expresiones peyorativas, ofensivas y vejatorias hacia mí y la labor que desempeñamos en el Lava Jato:

“¿A alguien todavía le queda dudas de que el fiscal Domingo Pérez es un operador político del gobierno? Una especie de “Chapulin Colorado” que aparece para salvar a Vizcarra del descrédito nacional.”

“Alejandro Muñante (Renovación Popular) afirmó que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez podrían haber cometido traición a la patria si el acuerdo con *Odebrecht favoreció a la empresa brasileña”.

“Si el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht, arroja que hubo favorecimiento a esta empresa corrupta en desmedro de los intereses del país, sería una abierta TRAICIÓN A LA PATRIA”.

El Fiscal Pérez, sostiene que las afirmaciones antes indicadas del congresista y presidente de la Comisión investigadora Multipartidaria Alejandro Muñante permiten avizorar que los actos de investigación son meros formalismos de una decisión anteriormente adoptada. Tal como se ha ido desarrollando, la imparcialidad de los integrantes de una comisión investigadora del Congreso es fundamental porque garantiza que la investigación sea respetuosa del debido proceso.

Pérez agrega que existe un alto grado de probabilidad que la labor de la Comisión investigadora Multipartidaria sea parte de los actos continuos y sistemáticos de acoso y hostigamiento a labor de los fiscales del caso Lava Jato; en otras palabras, sea un mecanismo de persecución política de represalia a los fiscales que han investigado penalmente a los políticos y empresarios más poderosos del país.

El fiscal remarca que los lideres políticos de las agrupaciones que conforman la “Comisión investigadora Multipartidaria para investigar todos los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa Constructora Norberto Odebrecht, sucursal Perú, y los efectos lesivos que dicho acuerdo haya generado en desmedro de los derechos e intereses del país” se encuentran siendo investigados en el Ministerio Público. Así tenemos que sus líderes Rafael López Aliaga (Partido Político Renovación Popular), Keiko Fujimori Higuchi (Partido Político Fuerza Popular) y Vladimir Cerrón Rojas (Partido Político Perú Libre) se encuentran sometidos a investigaciones en la fiscalía, por la presunta comisión de graves delitos.

En orden a lo expuesto, según el Fiscal Pérez, se evidencia que la “Comisión investigadora Multipartidaria para investigar todos los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa Constructora Norberto Odebrecht, sucursal Perú, y los efectos lesivos que dicho acuerdo haya generado en desmedro de los derechos e intereses del país” se ha conformado para la finalidad de desplegar una serie de actos de persecución política en contra de los fiscales del caso Lava Jato; de esta manera, hostigarnos por nuestra labor de la defensa de los derechos de las víctimas de la corrupción, así como lograr se criminalice nuestra intervención en el Acuerdo de Colaboración con la empresa Odebrecht.

Por tanto, el Fiscal Pérez, solicita que el congresista Muñante se abstenga, se inhiba o se excuse del conocimiento del presente proceso.

Foto ATV