La Defensoría del Pueblo publicó el reporte “Responsabilidades derivadas del control posterior a nivel subnacional”, en el que se advierte un total de 5,719 casos de responsabilidad penal y civil, así como de procesos por responsabilidad administrativa y sancionadora cometidos entre enero 2023 y junio 2025, que involucran a 88 autoridades de todo el país, como gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales.

El reporte, que constituye el sexto número de la serie “Mapas de la Corrupción”, es el resultado del análisis de 924 informes de control por auditorías o servicios de control específicos emitidos en dicho periodo por la Contraloría General de la República. Por ello, comprende el período de las autoridades regionales y locales actualmente en funciones.

Según los resultados, a nivel regional se han identificado 446 casos de responsabilidad penal de los cuales el 46 % se concentra en Cusco, Ucayali, Ayacucho, Lima y Piura. Estas regiones también concentran la mayoría de casos de tipo civil y administrativo. A nivel de municipalidades provinciales, el reporte revela un total de 524 responsabilidades de tipo penal, de las cuales más del 47 % se concentran en provincias de Áncash, Piura, Cusco, Junín y Puno.

Por su parte, los gobiernos distritales concentran 1,052 casos de presunta responsabilidad penal, de los cuales más del 53 % corresponden a localidades de Lima, Áncash, Piura, Cajamarca y Arequipa. Además, las comunas distritales también acumulan la mayor cantidad de procesos administrativos, con 1138 casos.

Entre los hechos irregulares más frecuentes que involucran a gobernadores y alcaldes se encuentra la designación irregular de funcionarios y directivos públicos, seguido por el uso indebido de la función pública para el favorecimiento a terceros y contrataciones irregulares de proveedores, evidenciándose patrones recurrentes que requieren atención prioritaria.

Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo considera a la corrupción como un problema prioritario debido a su impacto en el acceso y ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en las poblaciones vulnerables. Además, sus efectos trascienden el ámbito institucional, deteriorando la confianza ciudadana, limitando el acceso a servicios básicos y ampliando las brechas sociales.

Por ello, el reporte concluye con una serie de recomendaciones a la Contraloría General de la República, entre las que destacan la necesidad de impulsar el fortalecimiento de los órganos de control y de asignar recursos suficientes para garantizar la cobertura efectiva de los servicios de control gubernamental. Asimismo, se pide fortalecer el proceso de control concurrente y la publicación de los avances y resultados de los informes de control, a fin de que la ciudadanía tenga conocimiento de los hallazgos.