El congresista Alfredo Pariona, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto prohibir que los promotores de las universidades privadas utilicen sus activos, infraestructura, docentes, trabajadores y estudiantes para fines políticos.

Propone por tanto se modifique el numeral 116.1° del artículo 116° de la Ley N°30220, Ley Universitaria, en los siguientes términos: “Artículo 116. Bienes y beneficios. Los bienes y beneficios de la universidad privada se rigen por los parámetros siguientes:  116.1 Los bienes de la institución universitaria se usan exclusivamente para los fines universitarios, y constan en las partidas correspondientes en caso de ser bienes registrables, quedando prohibido que los promotores utilicen sus activos, infraestructura, docentes, trabajadores y estudiantes para fines políticos”.

Plantea, asimismo, sanción a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, supervisará el cumplimiento de lo señalado en el artículo 2° de la presente Ley. Su incumplimiento impone al infractor las siguientes sanciones progresivas: a) Multa no menor de 50 ni mayor de 500 UIT. b) Suspensión temporal de la licencia institucional hasta por dos (2) años. c) Cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento en caso de reincidencia.

En la disposición complementaria final y única, propone que el Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de sesenta días calendarios, a partir de su vigencia.

En la exposición de motivos el congresista Pariona, afirma que muchas de las universidades privadas son utilizadas para sostener estructuras partidarias de alcance regional y nacional. Sostiene que hay testigos de cómo los dueños de universidades privadas utilizan los recursos, personal y logística de ese centro de estudios en favor de su candidatura lo que en plena campaña política se multiplica la publicidad con la imagen del dueño de la universidad que postula a algún cargo público.

Pariona refiere que hay uso de ciertas universidades privadas en contraste con lo que sucede en las universidades públicas. En la mayor parte de estas está restringido el uso de sus instalaciones para actividades políticas y los trabajadores, docentes y no docentes, que deseen postular a algún puesto de representación deben pedir licencia sin goce de haber por 60 días antes de la fecha de elecciones. Sin embargo, en las universidades privadas le dan capacidad de influencia sobre un gran número de electores y ponen en cuestión el uso de los recursos de las universidades (que están exoneradas de impuestos) a favor de una candidatura. Se entiende que la exoneración de tributos a las universidades es para que el dinero sea reinvertido en mejorar la calidad de la educación, pero no para financiar partidos políticos.

El congresista agrega que “De una revisión de los hallazgos encontrados por la Dirección de Supervisión de la SUNEDU durante la investigación sobre el uso dado a los bienes que gozaron de inafectación del impuesto predial, impuesto de alcabala e impuesto al patrimonio vehicular durante el ejercicio 2017, se detectó que la UAP habría: 1. Utilizado sus inmuebles y vehículos en actividades que no contribuían a un fin universitario. 2. Asumido gastos en vehículos que no tendrían relación con la universidad.  3. Asumido gastos para actividades económicas distintas a su actividad principal. 4. Efectuado préstamos a empresas vinculadas y a terceros que no le reportaban beneficios. 5. Asumido gastos médicos y odontológicos de algunas autoridades de gobierno. 6. Desembolsado dinero sin especificar sustento. 7. Auspiciado diversas actividades sin planificación.  8. Asumido gastos en viajes que no tendrían una finalidad universitaria.  9. Otorgado remuneraciones y bonificaciones por actividades no vinculadas a un fin universitario.

Por estas consideraciones, al existir una relación financiera de algunas universidades privadas con determinadas candidaturas, debe ser de preocupación de las autoridades encargadas de la regulación universitaria. Por ello, es necesario que se cuente con un marco legal que regule la participación política de los promotores de las universidades privadas.

Foto Enfoques Perú