La Junta Nacional de Justicia que preside Gino Ríos, dio un golpe de estado inconstitucional e ilegal contra el Ministerio Público y la Fiscal de la Nación, al emitir la Resolución 143-2025 el viernes 19 de septiembre por el cual resolvieron “aplicar la medida cautelar de suspensión provisional de la Sra. Delia Espinoza Valenzuela, en su condición de fiscal suprema y fiscal de la nación, por el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución”.

El Ministerio Público es un organismo constitucional autónomo del Estado y tiene autonomía y competencias definidas en la Carta Magna que los poderes públicos, organismos constitucionales y población debe respetar. Al suspender la Junta Nacional de Justicia a la Fiscal de la Nación sin respetar el debido proceso que es una garantía constitucional y en un proceso extremadamente célere, la JNJ en los hechos han violado la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público y otros principios constitucionales. Revisemos el caso brevemente.

Concretamente, el artículo 158 de la Constitución, indica que, “El Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre sus miembros; por un período de tres años, prorrogable por reelección sólo por otros dos años más”.

Por lo tanto, los magistrados de la JNJ, no tienen ninguna atribución ni competencia constitucional, ni en su ley orgánica de creación para pasarse por encima de la Junta de Fiscales Supremas, que es un cuerpo colegiado del Ministerio Público que son los únicos que tienen competencia para elegir al Fiscal de la Nación, por lo que la resolución de la JNJ es inconstitucional e ilegal. Es un atropello intolerable a la institucionalidad del MP.

Asimismo, el Decreto Legislativo 052-1981, señala en el artículo 37, que, “El Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre sus miembros; por un período de tres años, prorrogable por reelección sólo por otros dos años más”. No puede por tanto los magistrados de la JNJ desconocer ese mandato legal, por lo que no solo han violentado la Constitución, sino que también habrían incurrido en ilícitos penales como abuso de autoridad que sanciona el Código Penal el emitir la resolución ilegalmente.

El Ministerio ´Público como organismo constitucional autónomo y la Fiscal de la Nación, con seguridad en las próximas horas emitirán un pronunciamiento institucional y personal la Dra. Delia Espinoza en defensa de sus derechos institucionales. Lo más probable es que el Ministerio Público presente un proceso de acción popular ante Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima contra la resolución de la JNJ que viola principios constitucionales y legales que la Carta Magna le reconoce al Ministerio Público como organismo constitucional autónomo, en defensa de su autonomía constitucional que ha sido vulnerado por la JNJ.

Asimismo, la Fiscal de la Nación, podría interponer un proceso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema en defensa de sus derechos personales que han sido violentados por la resolución de la JNJ, al margen de los procesos penales contra los magistrados de dicho organismo.

Lo concreto, es que la resolución de la JNJ ha violado la Constitución y la ley orgánica del MP, por tanto, podría presentarse acusaciones constitucionales contra los integrantes de la JNJ ante el Congreso, donde hay una mayoría conservadora, que difícilmente acogería una denuncia contra la JNJ. Sin embargo, el MP y la Fiscal de la Nación, podrían presentar ante la Comisión Interamericana de DDHH una petición excepcional de medida cautelar para que revise la resolución inconstitucional y abusiva que aprobó la JNJ.

Los partidos políticos en las próximas horas sentarán su posición ante este tema, así como las organizaciones de la sociedad civil, pero también la prensa nacional y limeña, quienes no están al margen de este enfrentamiento institucional que pone en evidencia que la JNJ se habría aliado con el parlamento conservador para capturar el Ministerio Público, remover como lo acaban de hacer a la Fiscal de la Nación, para que todas las denuncias contra congresistas y ministros pasen a la congeladora y logren la impunidad de sus presuntos delitos, lo que la sociedad peruana no puede permitir ni tolerar, ya que los padrastros de la patria con seguridad querrán que vuelva la impresentable ex fiscal de la nación.

Desde la tribunal digital de “Arequipa Misti Press”, en defensa del Estado Constitucional de Derecho, rechazamos y condenamos el golpe institucional de la JNJ contra el Ministerio Público, que como institución no será perfecta y requiere reformas, pero ha dado evidencias con la Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza, que combaten la corrupción que es el principal problema nacional que tenemos hoy, y es su deber en defensa de la legalidad y dignidad nacional, denunciar a los delinquen en defensa de la sociedad peruana ante tantos políticos corruptos que son indignos de conducir instituciones tutelares del Estado Peruano.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado