El congresista Juan Burgos, presentó el proyecto de ley que pretende establecer la prohibición de adquisición de vehículos de alta gama por parte de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, Ministerios del Poder Ejecutivo y Congreso de la República. Se considera vehículo de alta gama aquel cuyo precio supere 15 Unidades Impositivas Tributarias o que posea características suntuarias (como marcas de lujo o sistemas de lujo no funcionales para el servicio).

La propuesta legislativa refiere que la Ley es de aplicación para: la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea), Ministerios del Poder Ejecutivo y sus entidades adscritas o vinculadas, y, Congreso de la República. Quedan exceptuados de esta prohibición, bajo autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, los vehículos blindados para transporte de dignatarios en misiones diplomáticas, y, los vehículos técnicos especiales para operaciones tácticas, rescate, defensa nacional o misiones de alto riesgo.

En la exposición de motivos del proyecto de ley de Burgos, señala que la Contraloría General de la República, fiscaliza las compras vehiculares en tiempo real, con información obligatoria previa a la adquisición. El Ministerio de Economía y Finanzas valida el gasto conforme a criterios de necesidad, proporcionalidad institucional y lo dispuesto por la presente Ley.

Las compras que contravengan las disposiciones de la presente ley, son nulas de pleno derecho, y, generan los efectos jurídicos correspondientes. El incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, implica falta grave, con responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios involucrados.

Burgos refiere que, en agosto de este año, la Contraloría General de la República inició una investigación sobre la compra de 168 vehículos para altos mandos de la Policía Nacional del de Perú por más de S/ 18 millones, entre ellos modelos Audi Q5, Toyota RAV4 y Corolla gama alta, cuestionados por no ser esenciales para las funciones operativas de la institución. Estas adquisiciones, que en muchos casos superan el umbral de razonabilidad y proporcionalidad exigido por el ordenamiento jurídico, generan un impacto negativo en la confianza ciudadana, pues se perciben como un uso ineficiente o incluso ostentoso de recursos que deberían destinarse a necesidades urgentes.

La Contraloría General de la República, mediante su Guía de Buenas Prácticas el Gasto Público (2022), precisó que el gasto debe estar alineado con la priorización de necesidades básicas y la obtención de resultados de alto impacto social. Lo contrario, es decir, la adquisición de bienes suntuarios, como vehículos de lujo para fines no operativos, constituye un ejemplo de gasto que contraviene estos principios.

En ese contexto, una muestra de sentido común y lógica, indicaría que los S/ 18 millones que usó la Policia Nacional del Perú para la compra de vehículos de alta gama para altos mandos policiales, podrían haberse adquirido, más de 300 motocicletas de patrullaje para zonas de alta criminalidad, aproximadamente 200 ambulancias básicas para atención en zonas rurales, y, la renovación de equipamiento táctico y chalecos antibalas para unidades operativas. Evidentemente, el uso de estos fondos hacia bienes de alta utilidad social hubiera tenido un impacto directo en la seguridad ciudadana y en la percepción positiva del Estado, sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario.

De allí la importancia del presente proyecto de ley, que pretende establecer la prohibición la adquisición de vehículos de alta gama por parte de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y los Ministerios del Poder Ejecutivo, en base a los principios de eficiencia del gasto público y de orientación al bien común.