El 15 de julio los ciudadanos, Roger Chirapo, José Blanco, Pedro Calle, Elisban Arotaipe y otros, presentaron ante el Juez del Primer Juzgado Especializado Civil de Islay, el recurso de apelación en contra de la Resolución N° 09 del 11 de julio del 2025 por el cual dicho juez declaró improcedente la demanda de amparo constitucional en contra del Proyecto Minero Tía María y contra el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Ordenamiento Territorial del gobierno regional de Arequipa, Víctor Quispe, la Jefa de la Oficina de Ordenamiento Territorial del GRA, María Torres, ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y contra Southern Perú Cooper Corporation, emplazando a los Procuradurías Públicas de los demandados.

Los apelantes solicitan al juez que declare fundado el recurso de apelación y revoque la Resolución 09 del 11 de julio que declaró improcedente la demanda de amparo, pero también solicitan disponga el cese inmediato de la amenaza de violación del derecho constitucional a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado de los pobladores de la provincia de Islay.

Requieren asimismo al juez civil, que ordene la suspensión definitiva de la construcción del Proyecto Minero Tía María hasta que se cumplan con todos los requisitos legales y ambientales exigidos por el ordenamiento jurídico peruano, incluyendo pero no limitándose a la obtención de inscripción de los derechos de servidumbre sobre los terrenos estatales, la licencia de uso de agua y la reevaluación de la compatibilidad del proyecto con la zonificación ecológica económica y la protección del ecosistema frágil Lomas de Cachendo.

Solicitan también que el juez disponga la inaplicación de la Resolución Directoral N° 392-2014-MEM/DGAM y la Resolución N° 198-2015-MEM/CM en lo que respecta a la autorización de actividades que vulneren los derechos ambientales y territoriales de los demandantes y la comunidad.

En este caso concreto, como se recuerda el juez Joel Fernandez Monroy del Primer Juzgado Civil de Islay, mediante la Resolución N 02 resolvió admitir a trámite el proceso de amparo constitucional interpuesto por, Cristian Torres, Elisban Arotaype y otros, habiendo programado la audiencia única para el jueves 17 de julio a las 10 horas. Sin embargo, en forma sorpresiva, el 11 de julio del 2025 mediante Resolución 09, declaró improcedente la demanda de amparo constitucional contra el Proyecto Minero Tía María, por los ciudadanos de Islay han presentado el recurso de apelación.

 Foto Andina