El Decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jhon Mesías, confirmó que el 07 de julio del 2025 han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad y nulidad del Decreto de Urgencia 013-2024 y la declare en su oportunidad fundada la demanda en el expediente 00020-2025-AI.

Mesías, sostiene que el decreto de urgencia vulnera la Constitución en los artículos constitucionales 60°, 118° inc. 19°, 73°, 74°, 79° y quebranta principios como la separación de poderes y el buen gobierno.

El decano afirma que el Decreto de Urgencia N° 013-2024, publicado el 13 de septiembre de 2024 emitido por el Poder Ejecutivo con el fin de rescatar financieramente a la petrolera estatal PetroPerú, establece medidas extraordinarias (capitalización de deudas, asunción de pasivos, ampliación de líneas de crédito, reestructuración de la empresa, etc.) que implican un desembolso fiscal masivo.

Indica que el DU viola los artículos de la Constitución que regulan el alcance de los decretos de urgencia (art. 118° inc. 19) y los principios básicos del presupuesto equilibrado, la buena administración financiera y la separación de poderes y excede el ámbito de la urgencia previsto por la Carta Magna y usurpa facultades propias del Congreso, por lo que debe declararse su inconstitucionalidad y nulidad.

Remarca que no existía un hecho extraordinario e imprevisible que justificara el uso de la vía de urgencia ya que los problemas financieros de PetroPerú datan de hace más de una década, por lo tanto, el decreto no superaría el “test de excepcionalidad” exigido por la Constitución, que requiere que el suceso motivador sea grave y súbito.

Precisa que el DU 013-2024 forma parte de una serie de decretos emergenciales emitidos para rescatar a PetroPerú en años recientes, ya que el año 2020, al menos tres decretos (DU 010-2022, DU 004-2024 y el DU en cuestión) han sido utilizados con el mismo fin de cubrir el financiamiento de la empresa, lo que evidencia “un uso excesivo y desvirtuado” del mecanismo de urgencia, transformándolo en un mecanismo permanente de financiamiento estatal en lugar de una medida puntual.

Afirma también que se violado el principio de separación de poderes, ya que el DU invade atribuciones del Congreso que tiene facultad exclusiva para aprobar endeudamientos y gastos significativos del Estado; sin embargo, mediante el DU 013-2024 el Ejecutivo autorizó compromisos de gasto y deuda masivos sin debate parlamentario, ni participación ciudadana previa.

La demanda concluye que el decreto de urgencia compromete recursos públicos de forma extraordinaria, lo que afecta el equilibrio presupuestal ya que la Constitución exige que el presupuesto nacional se maneje con equilibrio y dentro de límites legales (arts. 78° y 79°). Sin embargo, el decreto dispone asumir deudas millonarias de PetroPerú y extender garantías estatales sin que esos gastos estuvieran previstos en el presupuesto 2024.

Por lo tanto, según Jhon Mesías, estas medidas agravan el déficit fiscal y elevan la deuda pública, ya que entre los años 2022 y 2024 el apoyo a la empresa estatal sumó más de US$ 1,500 millones en transferencias directas y avales. Solo el DU 013-2024 implicó reconocer como deuda oficial cerca de US$ 800 millones adicionales y comprometer hasta US$ 1,000 millones más en nuevos préstamos garantizados por lo que organismos internacionales han advertido que este continuo rescate genera un pasivo contingente que podría deteriorar la calificación crediticia del país.