El congresista Luis Aragón presentó el proyecto de ley tiene por objeto declarar en emergencia y establecer medidas para la reorganización de la administración del Santuario Histórico de Machu Picchu.

La propuesta legislativa dispone que el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Gobierno Regional del Cusco, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Municipalidad Distrital de Machu Picchu y el Comité Consultivo Regional de Turismo del Cusco, realizar una evaluación del estado situacional de la administración del Santuario Histórico de Machu Picchu, dentro de 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, debiendo emitir una propuesta de reorganización administrativa del Santuario Histórico de Machu Picchu.

La propuesta de reorganización administrativa del Santuario Histórico de Machu Picchu evalúa los siguientes temas: 1. Evaluar y reformar la estructura y competencias de la Unidad de Gestión del Santuario (UGM) de Machu Picchu para fortalecer su rol técnico y operativo. 2. Proponer medidas para mejorar el acceso, las rutas, y servicios básicos de atención al turista nacional y extranjero. 3. Revisar y reformular los mecanismos de distribución y control de venta de boletos (presencial y virtual). 4. Otras propuestas pertinentes para mejorar la gestión administrativa del Santuario Histórico de Machu Picchu.

En la exposición de motivos del proyecto de ley Aragón afirma que entre los principales problemas que enfrenta la actual gestión del Santuario histórico de Machu Picchu se encuentran: la venta boletos virtual y física, colas interminables que deterioran la experiencia del visitante, reventa de entradas, falta de fiscalización eficaz, desorganización en los accesos y rutas para el patrimonio cultural y deficiente atención de servicios básicos al turista. Esta problemática no solo afecta la imagen del Perú como destino turístico, sino que también ocasiona cuantiosas pérdidas económicas diarias para la economía formal y para las arcas del Estado, además de poner en riesgo la sostenibilidad del patrimonio.

Señala que diversas asociaciones de agencias de viajes y otros actores turísticos han advertido que estas fallas administrativas generan pérdidas estimadas en varios millones de soles cada día y fomentan la informalidad, la corrupción y el desprestigio del Estado. Asimismo, también se denuncia una limitada capacidad operativa de la actual Unidad de Gestión del Santuario (UGM), que se ha mostrado insuficiente para garantizar un adecuado equilibrio entre el flujo turístico, la conservación del sitio y la calidad del servicio brindado al visitante.

Por lo tanto, resulta indispensable adoptar medidas excepcionales y urgentes que permitan reorganizar la administración del Santuario, transparentar sus procesos, eliminar las prácticas ilícitas, fortalecer su institucionalidad y asegurar un servicio digno y eficiente para los turistas que visitan este patrimonio de la humanidad.

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