Los congresistas ultraconservadores de Renovación Nacional, presentaron el proyecto de ley que pretende declarar en emergencia y reorganización el Ministerio Público a través de reforma de la Constitución Política del Perú que garantice el ejercicio autónomo e independiente de la función pública y la integridad funcional del Ministerio Público. El proyecto plantea se declare en reorganización y emergencia el Ministerio Público por el tiempo improrrogable de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Entre las disposiciones especial, plantea asimismo que, se suspenda el ejercicio de funciones del Fiscal de la Nación y de los Fiscales Supremos Titulares que se encuentren habilitados en funciones durante ese período. La Junta Nacional de Justicia nombrará mediante concurso público a los miembros integrantes de la Junta Transitoria de Fiscales Supremos, la cual estará conformada por siete miembros, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 156 de la Constitución; así como tener la condición de fiscales supremos adjuntos titulares o fiscales superiores titulares; en caso de declararse desierto el primer concurso, para los siguientes concursos se exonera a los postulantes de tener la condición de fiscales supremos adjuntos titulares o fiscales superiores titulares.

Durante el periodo de emergencia y reorganización se dispone la suspensión del actual Fiscal de la Nación, así como de los demás Fiscales Supremos que integran la Junta de Fiscales Supremos, siendo que la Junta Nacional de Justicia resolverá su situación jurídica conforme a sus atribuciones constitucionales. La declaratoria de emergencia y reorganización tienen un período improrrogable de hasta doce meses; se inicia con la dación de la presente ley y culmina cuando la Junta Nacional de Justicia haya elegido a los nuevos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.

La Junta Transitoria de Fiscales Supremos tendrá las siguientes atribuciones temporales: a) Asumirá las funciones y atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos, b) elegir al Fiscal de la Nación entre sus miembros, c) Proponer a la Junta Nacional de Justicia instaurar procesos disciplinarios con suspensión preventiva temporal de fiscales independientemente su nivel, que se encuentren comprometidos en hechos graves mientras dure el proceso de reorganización, d) Elaborar y presentar ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público y el proyecto de Ley de la Carrera Fiscal, para que éste evalué aprobarla en su integridad o introducir los cambios respectivos, que, de no aprobarla en un plazo máximo de 60 días, se dará por aprobada la versión enviada por la Junta. Concluido el plazo de reorganización del Ministerio Público, se restituirá su funcionamiento ordinario conforme a la normativa vigente.

En la exposición de motivos, el proyecto de Renovación Popular, sostiene que en los últimos años, el Ministerio Público no solo ha dejado de actuar como un ente técnico y autónomo, sino que ha asumido un rol político impropio, emitiendo pronunciamientos públicos, interviniendo en la agenda mediática y filtrando información selectiva respecto de investigaciones que tenían carácter de reservadas, todo ello con la finalidad de favorecer y alimentar una narrativa ideológica, atacando con vehemencia a personas y posturas que se atrevían a cuestionar o contradecir sus métodos de investigación «objetivo» en defensa de la colectividad.

Esta conducta y proceder de distorsión no solo vulnera la reserva inherente que toda investigación debe de tener, sino que compromete gravemente su rol objetivo, legal y constitucional. En esa medida, la objetividad tantas veces alegada ha sido sustituida por un activismo fiscal de sesgo, cálculo, desprestigio y de persecución, en donde la autonomía institucional ha sido reemplazada por una subordinación a una lógica facción ideologizada.

Por tanto, la actuación y el rol descrito del Ministerio Público no se agota o queda únicamente en el ámbito de una crisis administrativa o de liderazgo; sino estamos ante una crisis moral e institucional de su funcionamiento, siendo ello así, se tiene que el Ministerio Público, en su configuración y actuación actual, ha fallado a la ciudadanía; siendo que ante tal desviación funcional, el Congreso de la república, tiene el deber y la atribución constitucional de actuar mediante una reforma – reorganización – que devuelva a la Fiscalía su integridad, su objetividad, legitimidad y su capacidad de cumplir con el mandato constitucional de «defender la legalidad y los intereses públicos».