El congresista de Perú Libre, Amerizo Gonza, presentó el proyecto de reforma constitucional que tiene por objeto reformar la Constitución Política para reorganizar el Ministerio Publico y declarar en Emergencia el Ministerio Público por el tiempo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

El proyecto pretende incorporar la quinta y sexta Disposición Complementaria Transitoria Especial en la Constitución Política, en los términos siguientes:

Quinta. – Destitución Durante el periodo de emergencia declarado por esta ley, se dispone la destitución del actual Fiscal de la Nación, así como de los demás fiscales que integran la Junta de Fiscales Supremos, los Fiscales Adjuntos Supremos Titulares, los Fiscales Supremos Provisionales y los Fiscales Adjuntos Supremos Provisionales.

Sexta. -Junta Transitoria de Fiscales Supremos Se encarga a la Junta Nacional de Justicia el nombramiento, mediante concurso público de acceso abierto, de los miembros que integrarán la Junta Transitoria de Fiscales Supremos, la cual estará conformada por siete (7) miembros que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 156 de la Constitución. La Junta Transitoria de Fiscales Supremos elegirá, entre sus integrantes, al Fiscal de la Nación Transitorio, quien asume las funciones y atribuciones que corresponden al Fiscal de la Nación. La Junta Transitoria de Fiscales Supremos, en un plazo máximo de seis (6) meses, deben presentar al Congreso de la República, dos propuestas legislativas: una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y una nueva Ley de Carrera Fiscal, respectivamente. El Fiscal de la Nación Transitorio y la Junta Transitoria de Fiscales Supremos ejercerán funciones hasta la promulgación de las propuestas legislativas».

La implementación de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio Público.

En la exposición de motivos del proyecto de Gonza, indica que la Defensoría del Pueblo, en su Reporte N.° 3: La corrupción en el Perú (2019), evidenció que entre enero de 2015 y septiembre de 2018 se tuvo conocimiento de 222 procesos disciplinarios y penales contra fiscales, destacando el delito de tráfico de influencias como el más recurrente (20%), seguido del cohecho pasivo específico (14 %), mientras que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (2020), el cual identificó que 183 fiscales en todo el país estaban involucrados en presuntos actos de corrupción.

El parlamentario izquierdista señala asimismo que la reciente emisión de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, del 12 de junio de 2025, donde la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenó la restitución de Patricia Benavides Vargas como Fiscal de la Nación, pese a que actualmente la institución se encuentra bajo la conducción de la doctora Delia Espinoza Valenzuela, quien fue elegida-constitucionalmente por la Junta de Fiscales Supremos el 18 de octubre de 2024 y juramentó públicamente el 8 de noviembre del mismo año.

La decisión de la JNJ ha generado un conflicto de liderazgo que afecta gravemente la estabilidad del Ministerio Público ya que Delia Espinoza ha calificado este hecho como «golpe a la democracia», al advertir que se intenta desplazarla de un cargo que asumió conforme al marco constitucional. Esta disputa de facto por el control de la Fiscalía de la Nación no solo vulnera la institucionalidad democrática, sino que exhibe con crudeza la falta de mecanismos internos para resolver crisis de gobernabilidad.

Gonza agrega que hoy se vive en el Ministerio Público no solo una disputa de poder, sino el reflejo de una crisis estructural de gobernabilidad, control ético, transparencia y rendición de cuentas, que pone en jaque su rol constitucional como garante del orden jurídico. Por todo ello, se hace urgente una profunda reorganización del Ministerio Público, que no se limite a cambios superficiales, sino que atienda las causas estructurales de su colapso: falta de control interno efectivo, opacidad en la toma de decisiones, injerencias políticas sobre todo en los previsionales, uso indebido del poder fiscal, y debilidad en los procesos disciplinarios.

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