En las próximas semanas el Tribunal Constitucional evaluará por qué razones no se está ejecutando las sentencias sobre estado de cosas inconstitucionales que hemos emitido en los últimos años y la opinión pública conocerá dicha decisión. Así se expresó el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Dr. Helder Domínguez Haro, quien participó en Arequipa en el Congreso Internacional sobre Momentos Constitucionales que se desarrolló en la UCSM. El magistrado afirmó que el TC tienen una alta carga procesal de 10 mil expedientes, debería evaluarse algunas reformas a la actual ley orgánica del TC, pero evitó pronunciarse si Perú debe retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reimplantarse la pena de muerte porque dichos casos podrían llegar a su entidad y no desea adelantar opinión.

¿Cuál es la carga procesal actual del Tribunal Constitucional al 2025?

Hoy bordea los 10 mil expedientes de procesos constitucionales y es muy elevado porque estamos en una sociedad muy litigiosa porque creen que en el Tribunal Constitucional se solucionarán sus problemas. Creo que deberían aprender mejor a litigar en el poder judicial los ciudadanos.

De toda la carga procesal que llegan ante ustedes, ¿Qué procesos son los más recurridos ante el TC?

El proceso de amparo y habeas corpus. Esto se da porque en el poder judicial siempre habrá un ganador y un perdedor y estos últimos estiman que al recurrir al TC se declarará nula la sentencia judicial y por eso es la alta tendencia de recurrir a nuestra institución por parte de los ciudadanos.

¿La alta carga procesal obligaría a crear más salas constitucionales en el TC o no?

Hay esa propuesta, no la he analizado en detalle.

¿En otros Estados vecinos hay más salas constitucionales y más magistrados constitucionales o no?

Sí, en nuestro país es menor el número de magistrados constitucionales comparados con otros países que tienen nueve magistrados. Hay que analizar ese tema y en función a la población, hoy tenemos 33 millones de peruanos y es probable y necesaria la creación de una sala más, pero eso requiere un análisis más exhaustivo.

El mandato es hoy de cinco años de los magistrados constitucionales. ¿Debería ampliarse o mantenerse como está hoy?

En relación al derecho comparado, nuestro mandato es de cinco años, mientras que en otros Estados es de siete y nueve años. La ventaja de cinco años es que se mantiene los precedentes vinculantes en la función jurisdiccional.

Ustedes en el TC van a cumplir 30 años como institución. Según su ley orgánica tienen iniciativa legislativa para reformar su legislación. ¿Qué reforma plantearía usted?

Uno de ellas que deberíamos evaluar podría ser incrementar el número de magistrados para tener más salas y resolver los casos con más celeridad.

Otros Tribunales o Cortes Constitucionales de América Latina tienen más atribuciones y competencias que el TC del Perú. ¿Debería reformarse ese tema o no?

Sí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Alemania tiene la competencia de declarar la inconstitucionalidad de los partidos políticos. Otros Tribunales conocen directamente los procesos de amparo contra resoluciones legislativas lo que no se da en nuestro país, porque el primer paso es el poder judicial y después recién puede ir al TC. Si debemos o no ampliar nuestro campo de acción, creo que en la medida que sea indispensable podría ser siempre que no se menoscabe otras atribuciones.

En la Constitución comparada de América Latina en cinco Estados se establece que los partidos políticos pueden ser declarados ilegales, pero ese principio constitucional no está en la Carta Magna del Perú. ¿Por qué se ha dado ese vació?

Es probable que se haya pensado que nunca tendríamos partidos antidemocráticos y que atenten contra el orden constitucional.

Otro tema controversial es que el gobierno les ha consultado a los ciudadanos si debe implementarse o no la pena de muerte ante el incremento de la ola delincuencial en el país. ¿Cuál es su opinión del tema?

No podría dar mi opinión porque el caso podría llegar al Tribunal Constitucional en determinado momento. Pero, si puedo decir afirmar lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes sostienen que no deberían ampliarse nuevas causales para la pena de muerte.

Hay otra propuesta también controversial de un sector político y social del Perú que señala que deberíamos retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su posición sobre el tema?

Yo evitaría pronunciarme en este tema porque podría llegar al TC más adelante. Vivimos un mundo globalizado que debe tener limite y control, pese a que tenemos hoy poderes y controles internos. Pensar en controles externos americanos o internacionales tampoco sería negativo, pero habría que evaluar determinadas materias.

En el ultimo quinquenio ha aumentado el enfrentamiento entre poderes públicos e incluso entre organismos constitucionales autónomos. ¿Eso es positivo o negativo para la democracia peruana?

Eso es un fenómeno. El Tribunal Constitucional antes resolvía acciones de inconstitucionalidad entre poderes públicos y luego conflicto de derechos. Es posible que algunos de los poderes públicos se sienten disminuidos o menoscabados y por eso plantean sus recursos ante el TC.

Ustedes en el TC en el ultimo quinquenio han emitido varias sentencias sobre el estado de cosas inconstitucionales en muchos sectores del estado peruano. ¿Están supervisando ustedes si se cumplen o no dichas sentencias?

El TC señaló hace un año atrás que a nosotros no nos corresponde la ejecución de las sentencias y eso le corresponde al juez del poder judicial o la instancia que corresponda. Este tema es importante y lo vamos a debatir próximamente todos los magistrados y nos pronunciaremos públicamente.

¿Cuál sería su mensaje a los litigantes finalmente?

Les pediría a los litigantes que lean íntegramente la Constitución donde están nuestros deberes y derechos, pero también generar un sentimiento constitucional para que seamos personas responsables.