La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, anunció que, desde el inicio de su mandato, contribuyó con la implementación de más de 45 políticas relacionadas con la defensa de la seguridad jurídica del país, entre ellas cuatro ejes de su plan de gestión: liderazgo del Poder Judicial, gestión jurisdiccional y de los servicios judiciales a nivel nacional, gestión del soporte administrativo para optimizar el desarrollo de la labor institucional y acceso a la justicia para todos/as en condiciones de igualdad y sin discriminación.

La autoridad dio a conocer estas medidas el miércoles 16 de abril en rendición de cuentas a la sociedad civil, indicando que estas políticas abordan temas cruciales como el crimen organizado, el terrorismo, los derechos fundamentales, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lucha contra la trata de personas, y otros.

Expresó su preocupación por ciertas iniciativas legislativas que proponen modificaciones para la institucionalidad del Poder Judicial y que representarían amenazas al Estado de derecho, al tiempo de expresar que se instaló la Comisión Especial de la Corte Suprema para analizar las reformas legales realizadas por el Congreso, a fin de identificar leyes penales y proyectos aprobados que hubiera afectado o interferido en la competencia de la judicatura penal y el informe de este trabajo ya fue remitido al Congreso para consideración de las recomendaciones formuladas, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Destacó la suscripción de un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones para garantizar el acceso a los antecedentes penales y a las sentencias de los candidatos/as para los procesos electorales del próximo año y remarcó que las unidades de flagrancia representan un avance significativo en la lucha contra la criminalidad y en la garantía de una justicia pronta y efectiva.

Señaló que, en los primeros cien días de este año, ingresaron 4 mil 178 casos a estas unidades y se emitieron 2 mil 818 sentencias, de las cuales 1 mil 028 se resolvieron en plazos menores a 24 horas, garantizando sentencias inmediatas. Ratificó su pedido al Ministerio de Economía y Finanzas por un mayor presupuesto para continuar con la implementación de estas unidades y al Congreso de la República, para que apruebe la Ley que crea el Sistema Nacional especializado de Flagrancia Delictiva.

Resaltó que los órganos jurisdiccionales de la especialidad civil fue la más productiva durante el 2024, alcanzando el 106 % de su meta como total nacional y que, en el periodo de enero a febrero de este año, 148 órganos jurisdiccionales civiles con oralidad cumplieron con el avance ideal, lo cual representa un 24 % de mejora de eficacia, superando la cifra del año pasado, e incremento del 11 % de expedientes resueltos en trámite en comparación al mismo periodo del año anterior y en los procesos abreviados se redujo el tiempo de duración en 19 %, en los procesos de conocimiento en 26 %, y en los sumarísimos en 27 %.

Tello Gilardi informó que en estos cien días de su gestión se ha creado siete juzgados y una sala permanente para fortalecer el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, los cuales empezarán a funcionar este 1 de mayo, recuperándose cerca de US$ 171 millones en favor del Estado, incluidos 100 kilos de lingotes de oro, en procesos por delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, tala, trata de personas”, remarcó.

La Presidenta del Poder Judicial, precisó que en el tema de acceso a la justicia se ha creado la Unidad Permanente de Implementación de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia Itinerante, pero también se ha consolidado la acreditación y participación activa de las orientadoras judiciales en todos los distritos judiciales del país y se han creado la Unidad de Justicia de Género y la Unidad de celeridad y Mejora del Despacho Judicial.

Finalmente, Tello, expresó que la justicia no es un instrumento de persecución política y quienes trabajan con vocación y servicio en el Poder Judicial no miran rostros ni apellidos, menos intereses políticos y económicos, pues su ámbito de razonamiento se ciñe a aplicar la ley, independientemente de cualquier condición.

La presidente enfatizó que la justicia, particularmente, la justicia penal solo persigue la verdad de los hechos, jamás fines políticos que justifiquen un asilo internacional, ello no hace más que perpetuar un mensaje de impunidad, el cual rechazamos de manera tajante.