El 31 de marzo el congresista Waldemar Cerrón, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto prohibir al Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia y el Ministerio del Interior, recibir apoyo financiero, donaciones, becas, pasantías o cualquier forma de apoyo de entidades privadas nacionales o internacionales, con la finalidad de fortalecer la integridad del sistema de justicia en el país y garantizar su imparcialidad sin interferencias externas.

La propuesta legislativa precisa que debe prohibirse al Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia y el Ministerio del Interior, recibir apoyo financiero, donaciones, subsidios, becas, pasantías o cualquier forma de apoyo provenientes de fuentes extranjeras cooperantes, entidades privadas o no gubernamentales nacionales o internacionales no sujetas a control u otro.

En la exposición de motivos del proyecto de Cerrón, afirma que la recepción de fondos de entidades privadas, sean nacionales o extranjeras, puede generar conflictos de interés y abrir la puerta a injerencias indebidas en las decisiones de estas instituciones. Esta situación pone en peligro la objetividad en la administración de justicia y el control de la gestión pública, debilitando la confianza ciudadana en el Estado de derecho. Asimismo, la influencia de actores privados con intereses particulares puede condicionar la labor de estas entidades, favoreciendo agendas ajenas al bienestar general de la sociedad. Esto podría traducirse en una justicia sesgada, en decisiones orientadas a proteger intereses específicos y en una fiscalización ineficaz, lo que afectaría gravemente la institucionalidad democrática.