En la democracia peruana desde 1980 hasta hoy 2025, pocas veces he apreciado en políticos comportamientos ejemplares ante la sociedad a quienes todos nos debemos. Generalmente, cuando son procesados y sentenciados judicialmente, sostienen que son objeto de “cacería de brujas o persecuciones políticas y judiciales”, pero jamás admiten un mínimo de responsabilidad. No efectúan un mínimo de autocrítica personal, ni de su gestión, lo que los desdibuja ante la opinión pública.

Son excepciones a la regla los casos que la historia republicana del Perú ha registrado, donde pocos aceptaron su responsabilidad, especialmente en el ministerio “fusible” como antaño se denominaba al ministerio del Interior. La mayoría de políticos tienen piel de “cocodrilo” donde las críticas o los cuestionamientos, “les resbalan”. Son poquísimos, los que asumen responsabilidad personal y funcional, y actúan con decoro y dignidad, tanto en la función pública como privada, renunciando a su cargo ejemplarmente.

La falta de responsabilidad en la función pública o privada y el aprovechamiento de cargos, es una de las tantas taras sociales que arrastramos desde que nacimos como Estado en 1821. Lo contrario, a otras sociedades donde el deshonor es un mal que las personas que han ejercido una función, lo auto reconocen y toman medidas radicales, porque son conscientes que han traicionado sus costumbres y tradiciones y no son ejemplos a imitar en sus sociedades. El ejemplo más claro en el mundo es la cultura japonesa con el harakiri.

El harakiri es un término japonés utilizado para definir una especie de ritual de suicidio, el cual consistía en el destripamiento. Esta práctica era muy frecuente entre los samuráis, quienes preferían morir por sus propias manos antes que vivir una vida deshonrada. Por eso, para los japoneses el deshonor era un “pecado social” ya que se consideraban indignos de seguir viviendo porque no eran un ejemplo para sus pueblos y sus familias.

Los políticos o quienes ejercen cargos en la gestión pública o privada, tienen que entender que la dignidad personal y honor profesional, son los mayores legados que dejarán a sus hijos y familiares cuando dejen de ejercer una función. De nada sirve lograr un patrimonio producto de actos ilícitos conseguidos por la corrupción en la función pública o privada porque tarde que temprano la justicia o su conciencia los perseguirá a quienes abusaron de sus funciones o atribuciones que les confiaron quienes le delegaron autoridad.

Cuando una persona tiene principios y valores que les fueron inculcados en su hogar y se consolidó en las escuelas, estas serán inalterables en cualquier momento de sus vidas, aunque tengan tentaciones múltiples.

Lo anteriormente reseñado, tienen que ver con la responsabilidad política, la renuncia y la censura de los ministros. Veamos algunos casos en las últimas décadas. El 28 de julio del 2021 el presidente Castillo, juramentó como ministro del Interior al ex fiscal supremo, Avelino Guillén, pero dicho ministro el 28 de enero del 2022, presentó su renuncia ante Castillo al no sentirse respaldado por el mandatario en su recomendación de destituir al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Guillén anunció su dimisión tras esperar sin éxito varios días a que Castillo destituyese al máximo cargo de la Policía, Gral. Javier Gallardo, con quien el ministro mantenía grandes desavenencias en su criterio sobre los relevos y ascensos dentro de esta fuerza de seguridad. La renuncia de Guillén fue una excepción a la regla común cuando la mayoría se aferra a sus cargos y una de las pocas que dignifica la función pública, tan menospreciada y vilipendiada desde que retornamos a la democracia desde 1980.

Avelino Guillén no se atrincheró en su cargo por interés, se alejó de él por dignidad profesional y decoro personal que la historia democrática recordará ante tantos ex ministros que se entornillaron en el poder ejecutivo. Decíamos que la renuncia de Guillén es una excepción a la regla en la política peruana en los 45 años de democracia interrumpida desde 1980 hasta el 2025.

Podría afirmarse entonces que la renuncia de Guillén fue por acción y no por omisión. Es decir, quiso poner orden en la institución policial, rescatar a los mejores oficiales en cargos de dirección y se respete la jerarquía de mandos. Pero, encontró insubordinación en el jefe de la policía nacional. Pero, por indecisión, impericia e inacción de Castillo, Guillén se sintió sin piso ni respaldo y no podía permitir que su trayectoria profesional sea manchada ni cuestionada por asuntos políticos.

Históricamente, recuerdo solo dos casos parecidos, aunque diferentes de ex ministros que prefirieron renunciar por responsabilidad política al cargo, antes que pasar por la vergonzosa censura y destitución por el parlamento.

Entre ellos, en 1981, con José María De la Jara y Ureta, periodista y político y ministro del Interior del segundo gobierno de Fernando Belaunde. De La Jara y Ureta, renunció a su cargo, asumió su responsabilidad política por la muerte del joven aprista cusqueño Marco Antonio Ayerbe Flores, producto de la represión policial en la Plaza de Armas de Cuzco.  Pese a que el ministro no ordenó a las fuerzas políticas el acto luctuoso, pero, una sola víctima bastó para que De la Jara se fuera a su casa, sin necesidad de que el Congreso se lo pida. Renunció por decoro político y dignidad personal ante el parlamento nacional.

Otro caso se dio en 1989, cuando Armando Villanueva del Campo, histórico líder del APRA, dejó el Ministerio del Interior con frustración y cansancio luego del asesinato del congresista Li Ormeño por parte de Sendero Luminoso, el virus político que asoló nuestro país en esa década. Villanueva no lo mató, pero su frustración política fue por no evitar esa muerte lo que lo llevó a apartarse del cargo y renunció por decoro político y dignidad personal.

Todo lo contrario, fue con el ex ministro Fernando Rospigliosi, un camaleón que de joven fue un rabioso izquierdista que criticó al fujimontesinismo del 90, pero hoy se ha convertido en el escudero político y vocero de la impresentable y procesada Keiko Fujimori.

En junio 2022 se produjo el “Arequipazo” donde masivamente los mistianos rechazaron la privatización de EGASA que quiso imponer Toledo, pese a que en campaña electoral se comprometió no vender la empresa eléctrica. El alcalde Juan Manuel Guillen y las fuerzas vivas protestaron cívicamente y el gobierno de Toledo declaró en estado de emergencia en Arequipa y fue Rospigliosi quien declaró que había que poner orden contra “los revoltosos” y la presencia de militares en la Plaza de Armas.

El resultado final, fueron dos muertos, lo que enardeció a los characatos, lo que obligó a Toledo después de varios días de negociación a pedir la renuncia de Rospigliosi para reconciliarse con los arequipeños y congelar todo el proceso de privatización pendiente.

Rospigliosi volvió a ser nombrado ministro del Interior el 2003 durante una reorganización ministerial. El 06 de mayo del 2004, el Congreso lo censuró por considerarlo el «responsable político» del linchamiento del alcalde de Ilave en Puno, Cirilo Robles, durante los disturbios

El alcalde de ese municipio en el sureño departamento de Puno, Cirilo Robles, fue muerto por una turba que protestaba contra supuestos actos de corrupción. La moción de censura fue impulsada por el Partido Aprista Peruano y fue aprobada por 62 parlamentarios, 39 votaron en contra y seis se abstuvieron.

El sinónimo de censura es desaprobación, reprobación y condena política y lo ejecuta el Congreso Nacional en representación del pueblo cuando un ministro incurre en ilícitos, o actos inmorales o indignos a su cargo e inconductas políticas. Es decir, es un “apestado político” que no se condujo en su cargo por los cánones jurídicos, políticos y morales.

Hoy tenemos en el ministerio del Interior a un incapaz que solo por el blindaje de la derecha política en el Congreso, se mantiene en el cargo. El Sistema Nacional de Defunciones del Ministerio de Salud, informó que hasta el 12 de marzo del 2025 se han registrado 444 homicidios, suma elevadísima comparado con los últimos años en el país. No solo el ministro es el responsable de la inseguridad ciudadana, sino que también el parlamento nacional que ha aprobado leyes a favor de la criminalidad.

La derecha política ha rechazado meses atrás mociones de censura contra el ministro Santivañez, pero hoy como Pilatos, pretende “lavarse las manos” y el fujimontesinismo y sus aliados, han pedido su renuncia, de lo contrario anuncian que presentarán una moción de censura, poniendo en evidencia su oportunismo político. Ha tenido que fallecer un cantante de Armonía 10 por las bandas criminales, para que la casta política que nos gobierna desde el parlamento, reaccione tardíamente por temor al desborde popular.

Sr. ministro del Interior: Renuncie a su cargo por decoro y dignidad. Ahórrele al país más días de inseguridad ciudadana. Responda al Ministerio Público por las múltiples acusaciones en su contra. Usted manifestó a la prensa el 27 de septiembre del 2024 cuando se declaró el estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días ante el recrudecimiento de la delincuencia organizada que, si su plan nacional fracasaba, pondría su cargo a disposición de la presidenta Boluarte para apartarse del cargo. No lo ha hecho.

No solo se trata de la seguridad ciudadana, sino de la gobernabilidad y estabilidad de nuestro Estado. ¿Cuántos muertos y heridos más debe haber en el país Sr. ministro para que usted renuncie a su cargo? ¿Vamos a permitir los peruanos que la ciberdelincuencia controlé el país repartiéndose el territorio nacional y cuando se incrementé las extorsiones, secuestros y asesinatos de algunos de nuestros familiares recién saldremos a las calles y plazas a protestar contra la casta política que hoy nos gobierna?

Una cosa es la responsabilidad política, otra es la responsabilidad constitucional y otra cosa es a responsabilidad penal. Renuncie a su cargo Sr. Santivañez. Asuma su responsabilidad política. Si tiene un mínimo amor a la patria, desista de su cargo para resolver una crisis permanente en el gobierno de la inepta Dina Boluarte y un Congreso que ha perdido total legitimidad ante el soberano y que será sancionado electoralmente por el pueblo en las elecciones del 2026.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado