En la sesión ordinaria del Consejo Regional de Arequipa a realizarse el martes 25 de febrero desde las 09 horas, la Comisión Investigadora de la formalización de la pequeña minería que presidió el consejero, César Huamantuma, dará cuenta al pleno para el debate el dictamen emitido, que en sus conclusiones señala que hubo seis irregularidades en la contratación de dos personas y en la emisión de sus informes técnicos.

En resumen, la primera conclusión del dictamen, señala que se detectaron deficiencias en la contratación de personal para el proceso de formalización minera específicamente para la elaboración los informes de formalización ambiental lo que constituye negligencia funcional lo que contrae como presunta responsabilidad del gerente regional Ambiental contemplado en la Ley de Servicio Civil.

La segunda conclusión, precisa que se identificaron discrepancias en la contratación de servicios de dos personas ya que los informes técnicos que presentaron no coinciden con los registros documentales oficiales de la gerencia regional del Ambiente lo que sugiere la posibilidad de irregularidades en la prestación del servicio y la validación de sus actividades por parte de los responsables de la entidad lo que conllevaría a la posible comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión que debe ser determinado por el Ministerio Publico.

La tercera conclusión, indica que se han identificado presuntas diferencias en la morfología y trazos de las firmas y documentos de las dos personas contratadas que podrían indicar la existencia de firmas no autenticas en los contratos, informes y otros documentos administrativos, por lo que se estaría ante la posible comisión del delito de falsificación documentos que debe ser determinado por el Ministerio Público ya que dichos informes fueron validados por el gerente regional Ambiental y podría configurarse el presunto delito de colusión.

La cuarta conclusión del informe de la comisión investigadora, refiere que existen contradicciones entre los informes técnicos declarados por las personas contratadas y los informes registrados en el sistema de gestión documentaria del gobierno regional de Arequipa, tanto en numeración, contenido y fechas de emisión de los informes sugiere la posibilidad de documentos duplicados o no ejecutados.

La quinta conclusión indica que se detectó un incremento de remuneración mensual de una orden de servicios a otra sin una justificación clara, ya que en la primera orden del servicio se estipula la entrega de 20 informes técnicos mensuales por 6,000 soles, en la segunda orden se exigía la entrega de solo 10 informes por 7 mil soles lo que plantea dudas sobre los criterios de pago y la proporcionalidad de la compensación económica.

La sexta conclusión sostiene que pese a las irregularidades encontradas en los informes presentados y en la documentación de soporte, el Subgerente de Calidad Ambiental y el Gerente Regional Ambiental otorgaron conformidad a los servicios prestados.

Por lo tanto, el dictamen señala que habría posible omisión de funciones o negligencia en supervisión y control en la contratación y ejecución de los servicios, por lo que corresponde al Órgano de Control Institucional asumir competencia de conformidad con el art. 79 del Reglamento de Organización y Funciones, así como también debe asumir funciones a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios para determinar la posible negligencia funcional de los funcionarios aludidos en el dictamen.

El dictamen propone al pleno de consejeros regionales, aprobar el informe de fiscalización de la comisión especial de investigación, remitir al ejecutivo regional el informe de fiscalización para que se adopten las acciones preventivas y correctivas para mejorar la contratación de servicios, derivar copia de lo actuado al Órgano de Control Interno Regional y a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que en el ejercicio de sus competencias determinen las responsabilidades administrativas que correspondan contra los que resulten responsables por las presuntas irregularidades encontradas.

Asimismo, el informe señala que debe derivarse copia de todo lo actuado a la Procuraduría Pública Regional y Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que en ejercicio de sus atribuciones evalúen las acciones legales correspondientes. En el dictamen, se da cuenta que se solicitaron y recepcionaron documentos de la gerenta regional General, Norma Mamani, el gerente regional Ambiental, Fernando Mejía, el Jefe de Logística del Gobierno Regional de Arequipa y la Jefa de la Oficina de Transformación Digital del Gobierno Regional de Arequipa antes de emitir el informe final al pleno de consejeros regionales.